Opinión

La masacre de San Fernando, de la tragedia al drama

Por estas fechas, hace cuatro años nos encontramos con que 72 migrantes, entre hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos y brasileños habían sido asesinados en San Fernando, Tamaulipas.

La tragedia fue noticia en el mundo, a pesar de que los números no parecen ya sorprender a nadie en un planeta que se ha acostumbrado a la violencia, incluso a la muerte masiva.

Se trataba de 58 hombres y 14 mujeres desarmados, indefensos, inofensivos. Migrantes solamente. Solamente migrantes.

Aparentemente habían sido colocados frente a una pared y allí, viendo de frente a sus agresores y sabiendo que vivían sus últimos segundos, fueron acribillados.

El suceso, por sí mismo, es un enorme infortunio. Pero en los años siguientes hemos sido testigos de que la crueldad no termina cuando se oye el último disparo: a la tragedia siguió el drama.

Decenas de familias padecieron el dolor, la incertidumbre, el no saber a quién acudir, a dónde ir, cómo informarse, cómo confirmar si su pariente desaparecido estaba o no entre las víctimas, cómo estar seguro de que los restos que le entregan son de su familiar.

La negativa de las autoridades de entregar a las familias los dictámenes periciales para acreditar la documentación e identificación de los restos duró años; dos familias hondureñas comprobaron con asombro, experiencia inimaginable, que los cuerpos que se les entregaron no eran de sus parientes, en tanto que otros relataron que luego de tres horas de habérseles tomado pruebas de ADN las autoridades les dijeron que ya estaba resuelto y que sí, que tal cadáver correspondía a la persona que buscaban.

Después de los hechos de San Fernando, fueron detenidos 17 policías municipales por su presunta participación en la masacre. Y a pesar de ello no se integró una comisión indagadora especial, como lo recomienda el Manual sobre Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU, en los casos en que se sospeche la participación de agentes del Estado o no se garantice una investigación objetiva o imparcial. La Comisión Forense se integró en agosto de 2013.

Reproduzco un párrafo del documento Las personas migrantes como grupo vulnerable de ejecuciones extrajudiciales, elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil en abril de 2013:

“A finales de 2012, se les informó a los familiares de personas migrantes guatemaltecas desaparecidas, cuyo último contacto había sido en México, que habían sido localizados los restos de sus familiares. La noticia se dio a través de una llamada telefónica realizada por un servidor público de la República de Guatemala. En esa misma llamada se mencionó que los restos de sus familiares iban a ser entregados en cenizas. La reacción de las familias fue de duda primero, porque no estaban seguras de lo que les estaban diciendo ni tenían certeza de que fuera una llamada verídica. Algunas familias suplicaron a la Cancillería guatemalteca su intervención ante el gobierno mexicano para evitar la cremación y se les dijo que ellos no podían hacer nada y que si no aceptaban los restos así, los enviarían a la fosa común.”

Nos hemos acostumbrado que a la tragedia que representa un delito sigue el drama de la revictimización. Pero no puede seguir ocurriendo.