Opinión

La magnitud de la economía informal
ya es grave

Benito Solís Mendoza

La economía informal está a todo nuestro alrededor y la gran mayoría de la población se ha acostumbrado a verla como algo normal, a pesar de tus elevados costos como son la falta de higiene, con malos o nulos establecimientos y baja productividad, lo que propicia bajos sueldos o ingresos para la mayoría de los que laboran en este sector.

Las personas registradas que laboran en el sector informal ya son la mayoría, al representar el 59.1 por ciento del total, lo cual significa que 29.3 millones de trabajadores laboran en la informalidad. Por su parte, los que son formales y pagan sus impuestos por sus ingresos son 20.3 millones de personas.

Se calcula que de este total de informales, laboran en el sector informal 13.9 millones de personas; otros 6.9 millones lo hacen en empresas, en el mismo gobierno, ya sea en el federal, en los estatales y en los municipales, así como en instituciones que no los tienen registrados; otros 6.3 millones de trabajadores están en el sector agropecuario y alrededor de 2.1 millones son trabajadores domésticos remunerados.

Debido a que trabajan en la informalidad no pueden invertir mucho, lo cual propicia que su productividad sea muy baja, lo cual tiene un impacto en toda la economía. Por otro lado, al no estar registrada es la salida lógica para las mercancías robadas en todo el país, así como para el contrabando.

A pesar de trabajar en la informalidad y no pagar sus impuestos a estas tres quintas partes de los trabajadores ocupados y a sus familias se les deben proporcionar servicios como agua potable y luz eléctrica, transportes públicos subsidiados, seguridad y alumbrado público, y muchos otros servicios más que tienen un costo y que alguien debe de pagar.

Los recursos para poder producir y otorgar estos servicios se obtienen de los impuestos que pagan los trabajadores y empresas formales, así como de la extracción y venta de petróleo, la cual es decreciente. Esto significa que aquellos que pagan sus impuestos deben de sostener los servicios que se le proporcionan a más de la mitad de los trabajadores ocupados, más a los desocupados, más los sueldos de la estructura burocrática. Esta desproporción explica el creciente malestar de la clase media en el país.

Por otro lado, la economía y los trabajadores informales son de tal magnitud que requieren de toda una estructura para poder funcionar como son sus propios sistemas de impartición de justicia y resolución de controversias, equipos de defensa y seguridad, líderes que operen las negociaciones con las distintas autoridades, etc. En suma se ha conformado un gobierno informal paralelo dentro del mismo estado. En la medida en que siga creciendo se vuelve un competidor del gobierno formal, lo cual tiene graves implicaciones políticas y sociales.

Una prioridad de los gobiernos debería ser el seguir diversas estrategias para formalizar a esta mitad de los trabajadores ocupados en la informalidad, de una manera rápida y masiva, para que participen de manera activa en el desarrollo del país; pero que también obtengan los beneficios de la formalidad de forma directa y visible.

Son varios los estudiosos que han elaborado propuestas concretas para resolver este problema, destacando el caso del Santiago Levy del BID y del CEESP, que se basan en poner un impuesto general a todos los productos de consumo, lo cual asegura que lo paguen todos.
Este pago de impuestos se podría regresar hasta cierto monto o porcentaje solo a aquellos que sean formales y estén registrados debidamente. Así, solo lo pagarían aquellos que están en la informalidad. La devolución podría ser en efectivo o en cuenta de cheques, en forma de compensación en el pago de otros impuestos o en depósitos en una cuenta de Afore para la jubilación, en un seguro médico o en otros mecanismos más. Aquellos informales que quieran la devolución de su impuesto al consumo lo podrían obtener sólo con su registro como trabajador formal, lo cual debería ser muy sencillo y rápido, es decir pasando al sector formal.