Opinión

La llaga abierta

   
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Elementos del Ministerio Público Federal realizan trabajos de investigación para determinar su los restos hallados en una nueva fosa en el tiradero perteneciente al municipio de Cocula son de los 43 normalistas desparecidos en septiembre pasado.  (Cuartos

En San Fernando, Tamaulipas, aún se respira el miedo. El crimen organizado todavía es dueño del territorio. ¿Cuándo regresa la paz a un lugar que sufrió la peor tragedia del sexenio de Calderón? ¿Cuánto tiempo necesita el gobierno? ¿Cuánto le importa?

Esta semana se cumplieron siete años de una de las masacres más alarmantes del país y la respuesta es la misma que el primer día: la impunidad.

Y aunque aquella enorme fosa en la que se localizaron a 72 migrantes masacrados nos echó en cara la desatención que hay en México al tema migratorio, nos dejó caer encima la loza de aquello que habíamos preferido no ver, y aun cuando puso al país en la mira internacional, los aniversarios se acumulan y también las preguntas sin respuesta.

“Ayer estuve en San Fernando con el grupo de sacerdotes que acudieron a conmemorar la masacre, ahí en la bodega donde fueron asesinados los 72 migrantes. El camino fue muy complicado, empezamos a recibir mensajes que nos decían que quizás no era seguro entrar a San Fernando, porque justamente acababa de entrar un grupo armado y se había llevado a una persona en pleno centro de la ciudad y que kilómetros antes había habido un enfrentamiento entre hombres armados y fuerza Tamaulipas, advirtiéndonos que nos iba a tocar todo este movimiento y sí, vimos muchos caminos de la Marina, de la Policía Federal y Estatal en toda la carretera, pero entramos a la zona y de inmediato se activó un dispositivo de seguridad muy fuerte.

“Hombres armados empezaron a escoltar esta caravana con miedo que a los sacerdotes les hicieran algo o les ocurriera algo en este día […] Fue una ceremonia del Padre Pantoja que es el director de ‘La Casa del Migrante’ de Saltillo; con Fray Tomás que es del ‘Albergue de la 72’ y otro sacerdote que dirige ‘Casa Monarca’, en León, y otro sacerdote ecuatoriano, porque ellos habían prometido a las familias de los 72, que ellos en su nombre iban a ir a este lugar e iban a bendecirlo, ellos iban a cumplir esta promesa”, relataba la periodista Marcela Turati, una de las plumas que más ha dado seguimiento al tema y a quien tuvimos oportunidad de entrevistar en el programa “Así las cosas”, en W Radio. Su percepción no ha cambiado: San Fernando es una zona ingobernable siete años después de su peor tragedia.

Y el problema más grande no son sólo los múltiples pendientes, sino que no es el único caso. Siete años atraviesan dos sexenios con dos partidos distintos en el poder, siete años significan 2 mil 555 días que para el gobierno no han sido suficientes para que las familias tengan justicia y verdad. Es una herida abierta que no sólo duele, sangra.

“San Fernando sigue siendo para México y para el mundo, una llaga abierta, no se ha cerrado, es una prueba del desprecio que se tiene por los temas de migrantes (…) era necesario que se hiciera una investigación correcta, una investigación transparente, profesional, que no se ha hecho. Hay cuerpos sin identificar, hay una impunidad tremenda.

“Hay también una equivocación de cuerpos enviados a otros países donde no eran, hay también una trampa en cuanto al contenido de las cajas, que muchas veces ni siquiera cuerpos eran y todo ha hecho que miremos la situación de la justicia en México: la corrupción, la impunidad, el desaseo y la falta de profesionalismo”, dice el padre Alejandro Solalinde, director del albergue ‘Hermanos del Camino’ y quizá una de las voces indispensables en la defensa de los derechos de los migrantes.

Su relato no sólo nos ejemplifica la falta de voluntad política de un gobierno indolente con todas sus tragedias, sino de una sordera que contagia impunidad.

En siete años aún hay diez cuerpos sin identificar, diez familias que no han tenido descanso en la búsqueda de un hijo, un esposo, un hermano que no tiene justicia; las familias de quienes sí tienen nombre no han podido acceder a los expedientes, el gobierno no ha concluido con la reparación del daño… el horror.

Y la situación en México no se reduce a una masacre: mañana se cumplen 35 meses de la búsqueda de 43 padres cuyos hijos fueron desaparecidos por el gobierno que hoy descansa en Los Pinos. Ayotzinapa es otra tragedia sin respuesta. El Padre Solalinde tiene una dolorosa razón cuando dice que con tantos casos de fosas clandestinas y cuerpos sin identificar, no habría presupuesto que alcance para llegar a la verdad.

Twitter: @jrisco

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