Opinión

La ley de la selva

Durante la última semana, en dos lugares diferentes los que se manifiestan (por la razón que sea) decidieron que era momento de acabar con los infiltrados, de forma que a las personas que acusaron de eso las amarraron y formaron, con letreros colgando, para poder humillarlas públicamente. En Guerrero, esta actitud llegó al extremo de forzar a un funcionario a presentar su solicitud de licencia y a colgarles letreros, a él y otros, en donde se reconocían perredistas y, por lo mismo, culpables de algo.

Esos hechos no sólo son un delito, sino que representan una violación absoluta de la dignidad de las personas. Los puristas indicarán que no puede tratarse de derechos humanos porque quienes cometen estas barbaridades no son parte del Estado. Si no es eso, entonces es un delito. En cualquier caso, se trata del abuso de unos contra otros. De los fuertes contra los débiles.

En estos días, hubo un enfrentamiento en Michoacán entre dos grupos de las llamadas autodefensas, que desde hace mucho tiempo tienen problemas entre sí. En el enfrentamiento murió un hijo de Hipólito Mora, líder de una de las facciones, y otras diez personas, repartidas entre este grupo y el del Americano. Es una disputa por el control de un territorio entre dos grupos armados, ambos solapados por la autoridad.

Ayer mismo, personas del municipio de Ayutla, acompañadas por padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala y estudiantes de la misma normal de Ayotzinapa, marcharon al cuartel militar de la región para exigir al Ejército que se retirara del municipio. Qué exactamente hacían los estudiantes y padres de Ayotzinapa ahí, no está claro. Ni tampoco si eran todos los padres, sólo algunos, o simplemente personas que se han ido sumando.

En Ayutla hay también dos grupos de autodefensas, con conflictos entre sí, y que se acusan mutuamente de nexos con el gobierno o con el crimen organizado. Las tensiones en ese lugar pueden entenderse mejor con el texto de Jaime Hernández Colorado y Miguel Ángel Berber Cruz en la revista Nexos de este mes. Uno de los grupos, o los dos, sumados a los visitantes de Ayotzinapa, deciden que el Ejército Mexicano no tiene cabida en ese municipio. Así nada más.

Al momento de escribir estas líneas, no ha ocurrido el enfrentamiento que están buscando los manifestantes, ni la “liberación” del territorio, que es, imagino, la opción preferida. En cualquier caso, aunque haya quien vea en esto profundos sentimientos populares e imagine la voz del pueblo en los manifestantes, de lo que se trata es de buscar el gobierno del más fuerte, eliminando la presencia del Estado.

Estos ejemplos deberían bastar para ilustrar lo que ocurre cuando el Estado deja de arbitrar entre grupos. Los que pueden, abusan de los demás. Nunca les faltarán argumentos legitimadores: que los vejados eran infiltrados, que los del otro grupo son criminales, que el Ejército es una imposición de las élites y la clase dominante. Pero en todos los casos, la población acabará en una situación peor: a expensas de quien tenga más fuerza, y sin herramienta ninguna para defenderse. Exactamente como estaba Iguala con Abarca estarán con sus autodefensas, sus comisarios culturales, o sus líderes mesiánicos.

La mejor solución que la humanidad ha encontrado se llama Estado de derecho: un Estado fuerte, limitado por la ley, y responsable frente a los ciudadanos. No autodefensas, guardias comunitarias, ni comisariatos.

Twitter: @macariomx