Opinión

La Ley de Agua del Estado de Puebla: un caso de legislación miope y regresiva para las comunidades rurales

La Ley de Agua para el Estado de Puebla plantea en su Artículo Trigésimo, un modelo de servicios de agua potable y saneamiento en el que el gobierno puede convenir, contratar o concesionar la prestación del servicio público que incluye el otorgamiento a un privado para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas; además el diseño, construcción, ampliación, supervisión, operación, vigilancia y control de obras y proyectos relacionados a la prestación del servicio. Por si no fuera poco, el financiamiento y la gestión para la eficiencia administrativa y comercial.

Si bien la Ley señala que se pretende garantizar el derecho al agua consagrado en el Artículo 4° de la Constitución Mexicana; una prístina lectura de la ley deja ver muchas ambigüedades y omisiones que ponen en riesgo (justamente) el derecho humano al agua, tanto de la población rural, como de los habitantes en condición de pobreza y vulnerabilidad.

En principio, la Ley no es transparente sobre los procedimientos para otorgar las contrataciones al sector privado; ya que si bien instruye a los organismos operadores la publicación de bases y convocatorias; no especifica si será mediante licitación o adjudicación directa, sin remitir tampoco a las leyes en la materia. Por otra parte, no señala los supuestos y casos en los que se firmará un convenio, un contrato o una concesión, toda vez que la Ley los maneja indistintamente, sin reconocer la naturaleza e implicaciones jurídicas de una u otra relación contractual.

Es preocupante que se otorgue a los concesionarios privados la facultad de diseñar las obras y proyectos relacionados con las mismas, hecho que junto con la atribución para gestionar la eficiencia administrativa, comercial, se traduce, para todo empresario, en la búsqueda de la maximización de los beneficios; así como la decisión de invertir sólo en aquellas zonas que le resulten rentables. Si estuviéramos hablando de sillas, coches o calzado, no habría objeción alguna; sin embargo, estamos tratando con un bien esencial para la vida, la salud y la seguridad alimentaria. De tal suerte que si se deja a un privado este conjunto de decisiones, lo que podemos esperar es un total sesgo de la inversión hacia las zonas urbanas, densamente pobladas y en las que la estructura tarifaria sea favorable a la rentabilidad, es decir, en zonas de clases medias y altas.

¿Qué sucederá entonces con el suministro e inversión de infraestructura en zonas pobres y rurales? Aunque, por un lado la ley reconoce que se debe garantizar el servicio a toda la población, por otro carece de medios definitivos para sancionar al concesionario, al señalar como causas de cancelación, temas tan generales como: poner en riesgo la salud pública, la seguridad, el medio ambiente o la falta de prestación del servicio. Todas estas causas quedan en un limbo de definición y no garantizan la equidistribución, tanto para la planeación como para la prestación. Bastaría con que una colonia o un mínimo porcentaje de comunidades tuvieran acceso a agua para que el contratista logre ganar una controversia sobre “falta de prestación del servicio”.

Finalmente y quizá lo más relevante es que los legisladores del Congreso de Puebla hicieron esta ley sobre las rodillas y con total miopía, o bien, con toda la intención de desconocer la forma en la que muchas comunidades gestionan y administran, en forma comunitaria, sus redes de distribución de agua potable, de manera exitosa, eficiente y cubriendo los costos por el uso del líquido vital.

Innumerables comunidades de Puebla, particularmente de la Sierra Nororiental, han construido sus redes de distribución. Los habitantes crearon Comités de Agua locales, quienes se encargan de gestionar recursos federales o estatales para la infraestructura y mediante “faenas” comunitarias, han puesto la mano de obra para construir y mantener el sistema. Asimismo, los Comités se encargan de la cobranza cubriendo los costos de operación. La realidad es que a estas comunidades no les falta el agua, salvo lo que ocurriría en casos de desastre climático o desastre mayor.

Con la entrada en vigor de la Ley y sus ambigüedades, se confirman los riesgos antes descritos, ya que en la práctica se les ha comunicado a las comunidades el Plan piloto para que en 2014, se cubran 70 municipios mediante la instalación de medidores. Asimismo el gobierno, bondadosamente, les quitará la responsabilidad a los Comités de Agua, ya que una empresa privada vendrá a “encargarse del tema”.

Ante esto, la población ha manifestado su enojo; ya que una empresa privada se preocupará por la rentabilidad del negocio que le fue concesionado y ante esto, la población verá como se elevan las cuotas de agua por encima de los costos, mermando su economía. Además, el escenario previsto por las comunidades es que tendrán problemas en el suministro de agua, pues el mantenimiento estará en manos de un tercero que no tiene incentivos a reparar redes remotas, en la Sierra, que no le reportan mucha ganancia y sí altos costos.

Ante la cerrazón de las autoridades, se comienza a gestar un conflicto social, porque no se quieren reconocer las eficiencias colectivas de las comunidades, en una cuestión que funciona y funciona muy bien.

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C.

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