Opinión

La lección de la caída del muro de Berlín hace 26 años

 
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Berlín

Europa se dividió en dos grandes bloques después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, los cuales aplicaron dos sistemas económicos totalmente opuestos: Mientras que la parte occidental se basó de manera primordial en los precios que determinaba el mercado para producir y consumir, la parte oriental se apoyó en el férreo control del gobierno sobre la actividad productiva y el consumo. En el primer sistema son los productores y consumidores quienes, por medio de la oferta y la demanda que modifica constantemente los precios, determinan que se debe de fabricar y de consumir.

Por otro lado en el segundo sistema, que es el denominado socialista o comunista, son los funcionarios y los empleados de los gobiernos quienes ordenan que se debe de fabricar, como hacerlo, con que insumos y en qué cantidades; asimismo es el gobierno el que decide quienes consumen lo que se produce y en qué cantidades. Destaca que para que pueda operar requiere que las personas tengan poca libertad para decidir que consumen o que deben de producir.

Al cabo de varios años, las diferencias en las magnitudes la producción, de bienestar y de libertad que tenían ambos sectores eran tan amplias que se requirió de bardas, guardias y rejas para evitar que la población de las zonas orientales abandonara sus países. Un importante símbolo en esos años fue el llamado Muro de Berlín que dividía esta ciudad en la parte occidental y la oriental, mismo que fue derribado por los habitantes de la ciudad el 9 de noviembre de 1989, esto es hace veintiséis años. Un año después se reunificó Alemania en un solo país.

Hoy es claro que países que liberan más sus mercados y se apoyan más en el sistema de precios logran un mayor crecimiento económico, como es el caso actual de China; mientras sucede lo contrario en donde se incrementa la intervención gubernamental y los controles en la actividad económica, como lo confirma la situación en Venezuela.

El funcionamiento correcto del sistema de precios no significa que todos pueden hacer lo que quieran, sino se debe construir un complejo mecanismo que requiere de varias condiciones basadas en un Estado de derecho con leyes justas, generales que respeten la población y el gobierno. Entre sus principales requisitos están una definición clara de los derechos de propiedad (algo que se tiene que mejorar, como lo confirma la situación en el campo y los registros de propiedad en todo el país); baja o nula tasa de inflación (en lo que hemos logrado un avance notable); bajos y estables impuestos para que los productores tengan incentivos para producir y los consumidores tengan recursos para adquirir bienes y servicios (en México un amplio porcentaje de la población no paga impuestos, por lo que el resto paga elevados impuestos). Además se necesita de libertad para producir y consumir en los distintos mercados, lo que significa la eliminación de monopolios, de coerciones y de robos a los comercios y a los compradores (en lo que todavía falta mucho por avanzar). Asimismo, se requiere un estado de derecho que permita a los particulares resolver sus conflictos de manera expedita, transparente y a bajo costo; así como que los oferentes y los consumidores puedan disponer de información relevante para tomar decisiones correctas.

Sin embargo, vemos como los gobiernos locales, estatales y el federal, así como los congresos toman decisiones que más que apoyar la construcción de un sistema de precios útil a la sociedad se le imponen mayores costos e impuestos, trabas a la producción, así como incremento en la inseguridad y en la intervención del sector público en sectores que no le corresponden, desplazando a los particulares.

Mientras que algunos sectores y funcionarios tratan de mejorar el nivel de vida de la población en general, otros buscan aumentar los controles a la economía, los impuestos y el gasto público innecesario, dispendioso y que propicia la corrupción. El ejemplo de lo ocurrido en otros países es una buena lección de lo que es conveniente hacer en México.

El autor es economista.

Correo: benito.solis@solidea.com.mx

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