Opinión

La justicia que viene

Antonio Cuéllar Steffan

En este próximo período ordinario de sesiones del Congreso General, veremos con toda seguridad la aprobación de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones y de energía, en las que se han cifrado muchas expectativas de crecimiento económico. ¿Qué podría decírsele a cualquier inversionista, nacional o extranjero, con relación al futuro de México y el cumplimiento de las leyes que habrán de expedirse?

No podemos perder de vista que, el espíritu de todo el proceso reformador que se ha iniciado, no es otro sino el de atraer inversión productiva que genere empleo, por un lado; pero no habrá de producirse ese interés a menos que el gobierno mexicano logre garantizar que, la inversión que haya de efectuarse, se encuentre debidamente protegida en los términos que establezca la ley, por el otro, hecho que corresponde en forma estricta a un verdadero estado de derecho.

En el ámbito de la generación de energía, por lo menos, México ha permanecido inmerso en un estado de desarrollo sombrío por lo que respecta a la construcción de certidumbre jurídica, porque la naturaleza legal de las dos empresas paraestatales que se encargan de la organización de los dos monopolios constitucionales, CFE y Pemex, en los que dicha industria está depositada, les permite desenvolverse en el ámbito jurisdiccional en forma oscura y complicada.

En hidrocarburos y electricidad, toda la contratación pública para el desarrollo de sus actividades se ciñe a las reglas que derivan de las leyes de adquisiciones, de obra pública y las especiales de cada empresa. En estas condiciones, el clausulado de los contratos respectivos se conforma por una amalgama de disposiciones que derivan de las leyes o corresponden a la voluntad de las partes, circunstancia que les otorga un doble carácter, público y privado a la vez.

La problemática que este hecho arroja, orilla a que los particulares se vean muchas veces perdidos en un complejo laberinto de caminos administrativos y jurisdiccionales a los cuales acceder para pedir, por parte de un órgano competente, una definición clara y válida de aquello que de acuerdo con las normas aplicables o las cláusulas contractuales deba cumplirse, de buena fe.

Un conflicto sobre la legalidad del procedimiento para la adjudicación de un contrato es de naturaleza contencioso-administrativa, de tal suerte que quien conoce del litigio es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, otro en el que se reclame el cumplimiento de obligaciones desatendidas dará lugar a la tramitación de una instancia ante un Juez Federal, que sería civil si el conflicto fuera contractual, o administrativo si fuera extracontractual. En algunos casos, la inobservancia del clausulado puede abrir un camino conciliatorio ante la Secretaría de la Función Pública. Hablamos de tres o cuatro caminos alternativos de justicia que aparecen en forma simultánea, algunos sujetos a término.

Un aspecto ventajoso que pudiera provenir de la reforma energética tiene que ver con la naturaleza que, en lo sucesivo, corresponderá a los organismos del Estado encargados de desarrollar la industria: serán Empresas Productivas del Estado. Porque la lectura integral del nuevo texto constitucional los coloca en una posición más competitiva y, en una amplia medida, más afín a la de los sujetos mercantiles de derecho privado.

Podríamos llegar a suponer que la resolución de conflictos contractuales futuros con ambas empresas será susceptible de ventilarse a través de medios alternativos de solución que hasta hoy han sido excepcionales, como lo es la mediación, la conciliación o el arbitraje comercial, mecanismos de impartición de justicia sumamente profesionales, perfectamente válidos de acuerdo con el derecho constitucional mexicano, hacia donde se mueve el resto del planeta y en los que descansan las grandes operaciones y las grandes obras de infraestructura a nivel mundial.

No todos los casos podrían ni deberían sustraerse de la justicia institucional, como podría tratarse de la calificación de legalidad de las asignaciones de campos petrolíferos que habrá de hacer la SENER en los términos de los transitorios del Decreto de reformas correspondiente, pero ante la inminencia de la apertura a la inversión privada en ambos sectores, deberá ponderarse la inclusión de dichos mecanismos alternos que son, más expeditos, más especializados, perfectamente válidos y, en algunos casos, claramente más imparciales.

No hablamos de una privatización de la justicia en modo alguno, pero sí de acciones que garanticen la seguridad de personas del sector privado que construirán un futuro prometedor para México.