Gerardo René Herrera Huízar
"Quienes aspiran a la titularidad del Poder Judicial de la Federación no deben ser tratados con sospecha, y quienes ya ostentan esta titularidad deben recibir el mismo trato constitucional que los titulares de los otros poderes. Siempre defenderemos la dignidad de los juzgadores de la Federación, pero también siempre de cara a la sociedad rendiremos cuentas, de acuerdo al estatuto constitucional y legal que nos corresponde": Silva Meza.
No gana uno para sorpresas –decía la abuela- y tenía razón.
A finales de la semana pasada un tribunal federal ordenó la inmediata liberación de un icónico personaje, protagonista de uno de los episodios más tirantes en la relación bilateral México- Estados Unidos durante el último cuarto del siglo pasado, que puso incluso en entredicho la moralidad de la clase política de nuestro país.
El famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero, acusado, entre otros delitos, del asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena, purgó una condena por cerca de treinta años y el viernes pasado de manera sorpresiva obtuvo su libertad al observarse, nuevamente, errores de procedimiento.
Debieron pasar casi tres décadas para que la expedita justicia mexicana se percatara de la incompetencia de los tribunales federales para juzgar un asunto que correspondía al fuero común, al que, en todo caso, debió ser turnado en su momento. La justificación resulta, desde luego, infantil.
El caso Caro se suma al de Cassez, Salinas y al de los generales, sólo por citar los recientes y más vistosos, en donde la aplicación de la ley evidencia vicios y manipulación. Ante la liberación reciente del afamado capo, el mismo procurador general ha expresado su respeto a la decisión judicial, pero ha señalado la falla al no turnar el expediente a la instancia competente, en lugar de sobreseer el asunto.
Los fallos y las fallas de las cortes no son asunto menor, son el reflejo mismo de la solidez estructural del Estado y la fortaleza institucional en la que la sociedad deposita su confianza que, para el caso de nuestro país, se encuentra seriamente lesionada. Las resoluciones, correctas o incorrectas no son expedidas por entidades etéreas e intangibles, son producto de decisiones humanas, las emiten personas de carne y hueso que tienen una responsabilidad frente a la sociedad que será afectada y que se compone también de seres humanos, a los que, como lo señala el presidente de la Suprema Corte, deben rendir cuentas.
Ante la muchas veces cuestionada actuación de los jueces, se promovió en el congreso una iniciativa para que estos fueran sujetos de las evaluaciones de control de confianza, la propuesta fue atajada de inmediato desde la misma corte, pues nuestros juzgadores deben, por dogma de fe, considerarse impolutos. Sin embargo, esta medida, ha determinado la propia instancia judicial de la nación, es correcta y exigible a otros servidores públicos (no tan impolutos). Es sabido que policías, ministerios públicos, administradores e incluso los militares, son sometidos periódicamente a estas evaluaciones.
Pero en fin, Caro está en libertad y con seguridad dispuesto a recuperar los años perdidos y disfrutar, si es que aún la tiene, la fortuna que haya atesorado con su trabajo. De lo contrario, aún le queda la posibilidad de explotar la experiencia de su actividad agrícola y sin duda podrá desempeñarse exitosamente como asesor, capacitador o hasta director de alguna de las futuras empresas productoras de oro verde que inefables personajes de la vida pública mexicana promueven, junto con el debate para su legalización.
Es natural que en los Estados Unidos se alcen voces de preocupación ante los eventos recientes. Pero lo realmente preocupante es que nosotros mismos no estemos tan preocupados ¿Cuál es el mensaje?
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Opinión