Opinión

La justicia en México duele


 
Viví 10 años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Conozco sus calles, sus problemas y sus ventajas. Conozco a su gente, algunos llegados de muchos lugares de México, y otros, los menos, juarenses y chihuahuenses orgullosos y trabajadores.
 
La noche del 30 de enero de 2010, unos 60 jóvenes festejaban el triunfo de su equipo de futbol americano cuando los sorprendió la muerte. En plena fiesta llegaron unos 20 sicarios que dispararon contra todos. Esa noche murieron 15 muchachos y 10 más resultaron heridos.
 
 
La noticia de la masacre de Villas de Salvárcar sacudió a todo el país. Felipe Calderón calificó a esos muchachos, anticipadamente y sin fundamento, como pandilleros ligados al narco. Sin embargo, eran estudiantes de bachillerato y deportistas. Fue una precipitación imperdonable del entonces presidente de México. Después, Calderón tuvo que retractarse.
 
 
El 3 de febrero, cuatro días después, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Israel Arzate Meléndez como uno de los presuntos sicarios.
 
 
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el juicio contra Arzate, con lo que quedó en libertad. La decisión se basó en que “la confesión resultó nula de pleno derecho, al haberse rendido en resguardo y custodia de autoridades militares, y no así formal y materialmente a cargo de la autoridad civil investigadora que correspondía”, según la Primera Sala de la Corte.
 
 
Esa decisión de la Corte es la más reciente de una serie de fallos polémicos. Sin embargo, no hemos sido capaces de poner sobre la mesa del debate y el análisis un tema fundamental para cualquier sociedad: la aplicación de la ley.
 
 
Los fallos de la Corte en los casos Florence Cassez y Rafael Caro Quintero, y ahora el de Israel Arzate, tienen un denominador común: errores de procedimiento o violaciones a los derechos humanos por parte de la autoridad durante la aprehensión de los inculpados, y/o en las horas posteriores, lo que al final ha obligado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dejarlos en libertad porque sus juicios estuvieron viciados de origen.
 
 
¿Y qué ha pasado? Nada. Nadie ha sido señalado, investigado, detenido o responsabilizado legalmente de esos errores, vicios o violaciones a los derechos humanos que han permitido la libertad de delincuentes. Sí, delincuentes. La Suprema Corte no absolvió, ni declaró inocente a Florence Cassez por el delito de secuestro. Tampoco determinó que Rafael Caro Quintero no es narcotraficante. Lo mismo pasó con Israel Arzate Meléndez. La Corte tuvo que dejarlos en libertad por errores de las autoridades. ¿Hasta cuándo seguiremos así?
 
 
Por cierto...
 
 
Ayer, en Villahermosa, fue el primer informe de gobierno del perredista y ex priista Arturo Núñez. Los tabasqueños se preguntaban qué informaría más allá de la persecución de Andrés Granier, su familia y sus ex funcionarios. Muchos consideran que Núñez no ha hecho nada. Otros dicen que el informe se resumiría en una frase: ‘lo bueno es que éste año no se nos inundó el estado’.
 
 
Hasta el miércoles.