Opinión

La inseguridad no va con la competitividad


 
Al arrancar este año tenemos en México dos percepciones en pugna.
 
La primera es la de un país que hizo la tarea y realizó las reformas estructurales –o está en curso de realizarlas- para poder aumentar su competitividad en el mundo.
 
 
La segunda es la de un país que no logra cumplir la tarea básica del Estado, que es la de ofrecer la seguridad pública a sus ciudadanos, por lo menos no la cumple en algunos lugares de nuestro territorio.
 
 
Aunque a algunos les gustaría que las dos visiones estuvieran completamente disociadas, la realidad es que tienen puntos de conexión.
 
Se ha dicho muchas veces, pero no está de sobra repetirlo: una de las razones de la existencia de los Estados es la creación de un monopolio del uso de la fuerza.
 
 
En los Estados modernos, este monopolio se controla a través de las leyes y de un Estado de derecho, es decir, de reglas del juego que nos obligamos a cumplir quienes vivimos en el país.
 
Hoy tenemos en México dos fenómenos preocupantes. Han emergido los llamados “grupos de autodefensa” en algunas entidades, los que, independientemente de que tengan motivaciones legítimas para formarse, retan al Estado al crear “competencia” en el uso de la fuerza, para enfrentar a grupos criminales.
 
 
El otro es la sensación de que la seguridad pública ha mejorado muy poco respecto al pasado. En la encuesta presentada por el Inegi la semana pasada, el 68 por ciento de los entrevistados en las principales ciudades del país declaró sentirse inseguro y el 70 por ciento cuestionó el papel de las policías estatales o locales para combatir la delincuencia.
 
Es decir, para una amplia mayoría, vivimos en una sociedad insegura.
 
 
El puente que conecta este aspecto poco grato de la vida del país con la visión positiva de una nación que está en camino de modernizar sus instituciones es el tema del Estado de derecho.
 
 
Si se permite que se esgriman razones, justificadas o no, para hacerse justicia por propia mano, se abre un espacio amenazante para que sean las comunidades, los grupos o hasta los individuos los que determinen si hay motivos de peso para saltarse el Estado de derecho.
 
En esa condición, los efectos positivos de las reformas podrían verse amenazados en su totalidad.
 
Imagine que una comunidad impide que se explote el “shale gas” porque considera que se dañan sus legítimos intereses, y el Estado no hace nada para impedirlo, ¿quién tomaría el riesgo de invertir en el país?
 
 
O bien, si se permite que quienes se sienten amenazados por nuevas reglas del juego que les implican más competencia, emprenden acciones para bloquear la acción de los reguladores, sin ser sancionados. ¿Quién aceptaría competir en ese marco?
 
El Estado ha declarado su intención –lo hizo ayer a través del secretario de Gobernación- de hacer lo necesario para hacer que se cumpla la ley e impedir que haga justicia por propia mano.
 
 
Si todo queda en una declaración, será como si no se hubiera dicho nada.
 
 
Las intenciones reales se demuestran en los hechos. No basta con la declaración de intenciones.
 
 
Si se pone la energía, la creatividad, la inteligencia, la astucia, que se empleó en sacar adelante la reforma constitucional en materia de energía, para conseguir una mejoría drástica de las condiciones de la seguridad pública, empezando con las entidades en las que se ha perdido –de facto- el control de territorios acotados, entonces los dichos serán creíbles.
 
 
No es viable una economía competitiva y moderna con un país en el que existen las “autodefensas” y en el que más de las dos terceras partes de sus habitantes se perciben inseguros.
 
 
Más vale que nos convenzamos de ese hecho.
 
 
Twitter: @E_Q_