Opinión

La indecente complicidad con el crimen

 
1
 

 

Bloqueos en Jalisco

Los más recientes acontecimientos en Jalisco y Colima principalmente, que son atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evidencian una realidad que parece ser invisible a los ojos de autoridades –no sólo de México– en el sentido de la inutilidad de combatir de manera frontal al tráfico de drogas.

Esta es una historia que ha sido ya muy vista en el escenario nacional: la disolución o extinción de un grupo delincuencial, solamente para que sea sustituido por otro con mayor capacidad de fuego, más violento y cada vez más osado en cuanto a la lucha contra el Estado mexicano.

El derribamiento de un helicóptero Cougar de Ejército Mexicano deja claro que la capacidad de fuerza de este grupo CJNG es muy grande y puede combatir en igualdad de condiciones con las fuerzas encargadas de la seguridad en todo el país. Y sin embargo, a decir del gobierno federal, el problema sigue siendo el mismo que se ha detectado desde hace mucho tiempo: la infiltración de las fuerzas locales por el crimen organizado. Esto es algo que había sido denunciado desde hace mucho tiempo en notas periodísticas, por gobiernos anteriores, por diversos actores políticos y…nada.

Llama la atención sobre este tema el caso de Rodrigo Vallejo, quien ha quedado evidenciado como un cercano “amigo” de Servando Gómez La Tuta; se le ha visto en videos que están en poder de la PGR cómo recibe y da órdenes de la mano de este capo y, sin embargo, ya fue puesto en libertad bajo fianza por el delito de encubrimiento. Todos los demás delitos que se derivan de dichos videos, han comenzado a ser objeto de una averiguación previa solamente porque se hicieron públicos, a pesar de que dichos videos ya estaban en poder de la autoridad.

Y es en este contexto que se desnuda la realidad de los resultados de la lucha anticrimen del gobierno federal: atrapar capos, pero no autoridades coludidas. Esta simulación que llega a niveles de cinismo en el caso de Rodrigo Vallejo, parece estar reproduciéndose en Jalisco y Colima, con una incomprensible pasividad gubernamental que, a tres años de gobierno de la administración de Peña Nieto, evidencia que las complicidades dentro del aparato de gobierno están tan vivas como antes.

No queda claro cuál puede ser el camino a tomar en esta lucha contra el crimen organizado. Siguen haciendo falta detenciones y encarcelamientos de funcionarios cómplices, de políticos aliados que han facilitado el crecimiento del crimen en detrimento de la sociedad. Y surge la pregunta: ¿realmente existe la voluntad y el interés para terminar con este flagelo o se trata de administrar el problema porque genera grandes cantidades de dinero en todo el mundo entre más difícil es? ¿A quién beneficia el dinero del crimen? Estos flujos financieros pertenecen a jugadores globales, que incluye a empresas, políticos, fondos de inversión, limpiadores, etcétera, y que de una u otra manera se benefician del crimen.

Y aún así, puede y debe haber un espacio para la decencia y es establecer que hay aspectos con los que se puede vivir –producción, tráfico, consumo de drogas– porque finalmente responden a una libertad de quien quiere consumirlos. Pero dentro de esta red de relaciones perversas, hay consecuencias infames para la gente de a pie: la extorsión, el secuestro, el levantón, el asesinato. Y son esos delitos los que debe de combatir el estado mientras que examina la pertinencia de legalizar las drogas. Pero el gran problema es que si se legaliza la droga el producto se abarata y muchos perderían mucho dinero.

Esta es la indecencia de la complicidad con el crimen, que el Estado prefiere ganar dinero y hacerse de la vista gorda con respecto a la seguridad ciudadana. El caso de Michoacán es emblemático, ojalá Jalisco no se convierta en otro igual.

También te puede interesar:
Una caricatura llamada INE
Maestros autoritarios y delincuentes
La muy mexicana versión del Estado de derecho