Opinión

La indebida preponderancia de los factores económicos

Una de las noticias más esperadas en torno de la evolución del aletargado mercado de las telecomunicaciones se dio a conocer la semana pasada, cuando se divulgó lo conducente a la resolución de preponderancia que dictó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tanto en materia de telecomunicaciones, propiamente dichas, como en el de la radiodifusión.

A pesar de que en distintas opiniones atribuidas a los expertos en esta materia apreciamos un beneplácito generalizado, no dejan de leerse algunos faltantes que cuestionan la integridad de la decisión adoptada por el flamante órgano constitucional autónomo, sobre todo, por lo que respecta a la ausencia de regulación expresa en torno de los beneficios que Telcel ofrece a sus usuarios por la contratación y uso de su mismo sistema, en discriminación de los restantes.

Un tema obligado sobre el que se formulaban conclusiones especulativas tenía que ver con la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión, con respecto de las cuales existía un tratamiento expreso en el artículo Octavo transitorio de la reforma constitucional que ha dado lugar a esta avalancha de trascendentes sucesos.

En la referida disposición de tránsito, el constituyente definió un plazo de 180 días naturales para que el IFT publicara la convocatoria respectiva para licitar concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida nacional, a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y función social de los medios de comunicación, atendiendo de manera particular a las barreras de entrada y las características en el mercado de televisión abierta.

El mandato constitucional es clave para el debido funcionamiento de lo que se ha denominado como el “mercado de televisión abierta” --concepto que se cita entre comillas, amén de que, como ya lo he mencionado, no concibo cómo puede hablarse de un “mercado” en un ámbito en el que la asignación de una concesión proviene de un restringido acto unilateral del poder público--; atento a la función social que le corresponde a dicha actividad informativa.

No podemos olvidar que el fervoroso proceso de apertura del “mercado de la televisión” se remonta a una acción de inconstitucionalidad promovida por una tercera parte de los senadores en 2006, cuando al expedirse las hasta hoy vigentes Leyes Federales de Telecomunicaciones, y de Radio y Televisión, cuestionaron el proceso de reforma mismo y, sobre todas las cosas, el irrestricto respeto por lo que en el rango más alto de nuestra Carta Magna se ha instituido como el derecho humano a la información.

Y es que se insistió en que la concentración del espectro impedía que la función social de la radio y la televisión se viera satisfecha, porque el contenido noticioso se encontraba totalmente dominado por los agentes económicos que, hoy declarados ya como agentes preponderantes, aglutinaban desde entonces el mayor número de concesiones posibles.

La SCJN se pronunció al respecto y evaluó, efectivamente, el vital concepto jurídico-constitucional de la función social de las telecomunicaciones, de la radio y la televisión, con apoyo en el cual debía decidirse todo proceso de licitación pública. La decisión judicial resolvió que en todo proceso licitatorio debía privilegiarse el aspecto inherente a la información y la pluralidad de la opinión brindada, incluso, más allá que el aspecto netamente económico, el que de una u otra manera podría ser más entendible, quizá, en el ámbito de las telecomunicaciones, como vehículo de comunicación y no de información por sí mismo.

Así, los criterios de inconstitucionalidad de la Ley Televisa sentaron directrices justas en torno de cómo se debe evaluar a los nuevos agentes concurrentes, a quienes no se deben sujetar a lineamientos de orden económico.

En la licitación 21 que tramitó la COFETEL para la asignación de espectro a favor de distintas compañías vinculadas con la prestación de servicios de telefonía celular y de banda ancha, un aspecto crucial ponderado desde las bases de licitación mismas, y después a lo largo del proceso, tuvo que ver con la función social de las telecomunicaciones, apartado especial con apoyo en el cual se asignaron los títulos respectivos. Ese aspecto meta-empresarial es fundamental para que se pueda tener por satisfecho el imperativo del artículo sexto constitucional.

Pues uno de los faltantes primordiales que, con motivo del material hasta hoy analizado, pudiera imputarse al flamante IFT con motivo de la nueva convocatoria, tiene que ver con la ausencia de contemplación de los mecanismos administrativos correspondientes para definir, hacia el futuro, cómo habrá de velarse por la satisfacción de la función social de la radio y televisión, con motivo de la licitación de las dos nuevas cadenas.

En el Apéndice B de las Bases de la Licitación publicadas en la página del Instituto aparece una exhaustiva explicación de los mecanismos de puntaje que observará el propio órgano autónomo para elegir a los ganadores de entre los licitantes; aparece inclusive un elaborado proceso para la asignación de la concesión en caso de empate, pero no aparece lineamiento alguno para la ponderación de la función social.

Nos parece sumamente extraño que, entre toda esta gama de conceptos, no se hubiera incorporado apartado alguno en el que se atendiera al mandato del artículo sexto constitucional que, incluso después de la reforma, permanece intacto desde la perspectiva político-social.

El interés de quienes tienen bajo su mando esta altísima encomienda ha girado más alrededor de los conceptos de mercado, que en torno de un concepto esencial dentro del cual se engendró la reforma y por virtud del cual nuestro régimen democrático permitió la conclusión del marco normativo que ha permitido el proceso mismo.