Opinión

La inadvertida supervivencia del monopolio eléctrico

De la reforma energética que tanto se discute y en la que tantas expectativas se han cifrado, deriva realmente una transformación sustancial que habrá de impactar a dos entes públicos y dos actividades bien diferenciadas, cada una con implicaciones económicas muy distintas: el petróleo y la luz. Mucho se dice sobre el primero, siendo que es el segundo el que acarreará un cambio verdadero para los mexicanos.

Los hidrocarburos, el subsuelo y el petróleo, por toda su tradición histórico-política, son conceptos que nutren y dan sustancia al discurso vigoroso, patriótico y oficialista al que estamos habituados, a la sonora invitación izquierdista que pretende mover a todos a defender la soberanía nacional.

En términos político-electorales, no cabe la menor duda de que la importancia de la reforma energética en materia petrolera es la más rentable. Porque los partidos políticos de oposición están empeñados en zarandear los caldos que arroja el encendido discurso en contra de la corrupción en la que se encuentra inmerso el organismo o en contra del entreguismo de nuestra soberanía, cuando los recursos de todos los nacionales irán a parar en manos de poderes económicos extranjeros.

No participo de las exageraciones e irrealidades construidas por los extremistas involucrados en la reforma energética, en ninguno de los dos sentidos. “Irresponsable” es el apelativo menos agresivo que podría utilizarse para identificar los miramientos e intenciones que subyacen en torno de la politiquería que acompaña a la reforma energética.

Evidente nos resulta que, en la medida en que los hidrocarburos sean propiedad inalienable de la Nación, y la riqueza que provenga de su explotación se administre por el Banco de México para la constitución de un fondo que sirva para la construcción de un país mejor, la reforma energética no traiciona al país. Por otro lado, en la medida en que Pemex sea más competitivo y los particulares aporten recursos líquidos que nos permitan aprovechar mejor nuestra riqueza petrolera, la erradicación de la corrupción y la activación eficiente de una industria tan trascendente será consecuente. La reforma constituirá así una acción gubernativa eficaz, apegada a los postulados más nacionalistas que consigna nuestra Carta Magna.

Poco se dice de la reforma en materia eléctrica. El activismo político persigue defender el petróleo y nadie se ocupa de la soberanía que hay atrás de la prestación del servicio público de energía eléctrica. No hay recursos que enajenar, entonces ¿no hay riqueza que debamos defender?

El auténtico progreso de los países desarrollados no se halla en el campo, se encuentra en la ciudad y, sobre todo, en las actividades industriales. Son las grandes fábricas y el comercio, de bienes o servicios, los que generan el empleo de las personas y producen la transferencia de la riqueza que hoy más anhelamos. ¿Qué insumo resulta más imprescindible para la actividad fabril o comercial, el petróleo y sus refinados, o la luz?

El petróleo vale, sobre todo, como combustible para la locomoción y como ingrediente esencial para la generación de energía eléctrica; después, tiene un valor incalculable en la generación de objetos y productos que provienen de uno de sus derivados: el plástico.

La luz constituye un ingrediente básico e irremplazable en una infinidad de actividades cotidianas de orden industrial, comercial y habitacional. Todos dependemos de la energía eléctrica y, en la medida en que ésta pueda provenir de fuentes alternas distintas del petróleo, será más limpia y más barata. La verdadera reforma energética está en el apartado relativo a la generación de luz. Resulta imprescindible transformar a la CFE.

Dentro de la vasta estructura de la reforma energética, un apartado pasa inadvertido: en el articulado de tránsito de la nueva Ley de la Industria Eléctrica se prevé que los usuarios de lo que se denominará el “servicio básico”, con tarifas actuales tipo 2, 3, OM o HM, deberán seguir contando con el suministro del servicio de la CFE. La posibilidad de contar con un suministro de energía eléctrica por proveedores de fuentes eólicas o fotovoltáicas se reservará exclusivamente a quienes tengan un consumo o demanda anual promedio de 5 MW, a quienes en ese sentido se califica como Usuarios Calificados. Esta previsión tira al suelo cualquier intención de llevar a las empresas productivas del Estado a un esquema de auténtica competencia y, en tales circunstancias, a un Estado de eficiencia productiva que realmente beneficie al consumidor. ¿Quién va a gozar de un servicio de luz más eficiente y, sobre todo, más barato?

Para que usted pueda tener una idea de aquello que hoy se protege en los transitorios de la Ley a favor de la CFE, le ilustro con el ejemplo siguiente: un almacén de Walmart tiene un consumo promedio de 1 MW. Una farmacia, un restaurante o un pequeño almacén de ultramarinos consumen en promedio unos 20 o 25 Kw. El consumo promedio de una casa habitación es de 4 Kw. Con la clasificación prevista por la ley, sólo podrían beneficiarse de energías alternativas los grandes, los verdaderamente grandes industriales del país, quienes de hecho ya vienen beneficiándose con la ley actual mediante las figuras de autogeneración de energía eléctrica.

Con el transitorio que contiene la iniciativa, la reforma eléctrica, la más importante de las reformas que habrán de discutirse, no le va a servir a nadie. La motivación más profunda que nos invita a apoyar la discusión parlamentaria que se presenta, realmente queda de lado mientras el status quo, a través de una empresa que goza de un monopolio constitucional, no se cambie a través de la inclusión de políticas de libre concurrencia que conminen a la competitividad nacional.