Opinión

La inadmisible ingobernabilidad


 
 
 
Gerardo Nieto
 
 
El sexenio pasado fue expresión de crisis envolvente y debilidad estructural. La gobernabilidad del periodo descansa en el factor militar y policiaco; el régimen exhibe niveles de verticalidad propios de sistemas unipersonales. En seguridad, la descomposición es tan grande que en la parte alta del ciclo sexenal se piensa haber tocado fondo. No es así, lo que hoy la crisis evidencia es que persiste el fenómeno de las presidencias débiles del interregno mexicano 2000-2012.
 
 
Aún no se toca fondo en la crisis que el país vive en el ámbito de la violencia y la inseguridad. Si resulta extremo y fuera de toda proporción valorar el colapso del gobierno en la región de Tierra Caliente, los acontecimientos en cascada que a diario suceden confirman que las cosas pueden ser peores. Ataques indecibles contra niñas indefensas en Tabasco, emboscadas o ejecuciones en varias entidades del país, nos hablan de una sociedad enferma y de un gobierno rebasado.
 
 
Se instala la ingobernabilidad focalizada como efecto de la crisis estructural del sistema.
 
 

Sin exageraciones, al amparo de esta crisis puede germinar el descontento popular y los movimientos sociales. La de México es una crisis sistémica; una crisis estructural de modelo económico y régimen político.
 
 

Si justo ahora el régimen decide abrir la confrontación social y política con la puesta en marcha de la reforma energética y la fiscal, al mismo tiempo, entonces sumará una nueva línea de ruptura a las ya existentes que amenazan la estabilidad del país. Cuando la región de Tierra Caliente se mantiene como un territorio en guerra y los grupos de autodefensa se multiplican como efecto del desgobierno que impera en muchas regiones de México, nada justificaría una confrontación mayor con el inicio del proceso legislativo de dos reformas que exigen el más amplio consenso.
 
 
La crisis estructural de México no sólo puede complicar la marcha del sexenio, sino fracturar la endeble gobernabilidad del país y extender territorialmente una guerra mal encauzada contra el narcotráfico con brotes de irritación popular y diversos movimientos sociales. El mundo camina hacia la legalización del consumo de la mariguana, pero el proceso puede durar muchos años.
 
 

La prohibición tiene una rígida estructura internacional que Estados Unidos y la ONU sostienen. Son pocas las ciudades y menos los países que han dado pasos consistentes para liberar ese mercado: Holanda, Portugal, varios estados de la Unión Americana y ahora Uruguay. Pero en ninguno de esos lugares la problemática de las drogas y de la violencia que engendra se parece a la realidad mexicana. Nuestro país es un punto de inflexión y un caso paradigmático por su crisis estructural en materia de seguridad. En México, ese debate y los factores que involucra, llevan a pensar que no es el tiempo para esa reforma y que el Distrito Federal, lejos de ser la ciudad que reclama la liberalización, es más bien el laboratorio de poderosos grupos que están detrás del proyecto legalista y que buscan echar a andar un exótico experimento que puede tener altos costos sociales y políticos.
 
 

La Tormenta Perfecta de la que alguna vez habló Manlio Fabio Beltrones para señalar uno de los puntos de quiebre de la pasada administración ha regresado, pero con factores críticos mucho más graves. Hoy no se han cerrado los expedientes heredados del calderonismo y se han sumado los propios.
 
 
A una crisis prematura de gobierno, se agrega el movimiento brusco de la economía, que no crece lo necesario para generar empleos suficientes para los jóvenes; sin embargo, lo más delicado es que la incontrolable violencia puede diluir los factores estructurales de apoyo. En otras palabras: el PRI puede perder el consenso de las élites que avalaron su regreso al poder.
 
La clase política no es homogénea. Aún dentro del PRI hay facciones con perspectivas diferentes con relación a las reformas. Se puede perder el consenso y fracturar el bloque hegemónico. Hoy, ante la evidencia de la crisis, algunos grupos pueden alimentar el desasosiego nacional. Hay muchos intereses en pugna y muy poca capacidad de encauzamiento institucional de los conflictos.
 
 
gnieto@unam.mx
 

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