Opinión

La (in)justicia mexicana

    
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Casique

Aparece bien peinado y con la barba recortada. Viste con una camiseta blanca y una chamarra de piel color café. Tiene un anillo en la mano derecha y al empezar a hablar se acomoda el cuello de la chaqueta. Es 3 de diciembre de 2016 y Héctor Casique Fernández, de 31 años, habla frente a una cámara.

“Hola, soy Héctor Casique, la persona que fue torturada por la Policía Judicial y por Carlos Arturo Álvarez Escalera, que era en ese entonces coordinador de averiguaciones previas, luego subprocurador, luego procurador y ahora es fiscal. Hago este video principalmente porque él dice que la sociedad lo debe de juzgar y siendo yo parte de la sociedad le quiero recordar sus pecados, uno de los muchos. También quiero hacerlo responsable de cualquier cosa que le llegue a pasar a mis abogados, a mi familia, a mi madre y a mí.”

A Héctor Casique lo asesinaron el jueves 8 de junio antes de las siete de la noche en una marisquería de Cancún, Quintana Roo. Según crónicas periodísticas locales, “sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra Héctor Casique y un acompañante identificado como ‘Óscar’”, autoridades informaron que en el restaurante fueron encontrados 61 cartuchos percutidos de calibres 7.62, 2.23 y 9 milímetros.

La historia de Héctor Casique es una muestra de lo podrido del sistema judicial mexicano. Héctor era campeón de taekwondo e instructor de la Policía Judicial del estado cuando fue detenido en 2013. Se le prometió una plaza en la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, señalo esto porque cuando fue privado de su libertad pensó que se trataba de una novatada, no fue así, autoridades y policías de distintos niveles lo torturaron y lo obligaron a confesar haber asesinado a siete personas. Injustamente estuvo más de tres años en prisión durante la administración de Roberto Borge.

Su caso fue el primero en nuestro país donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos certificó, mediante el Protocolo de Estambul, que la tortura había sido utilizada como método para extraer las declaraciones del inculpado y con eso se logró desestimar las evidencias que había presentado la Procuraduría estatal.

En septiembre de 2016 fue liberado, absuelto de todos los cargos y, en diciembre del año pasado, el gobierno estatal le ofreció la primera disculpa pública; después, en marzo de 2017, la Fiscalía del estado hizo lo mismo. En esta última, el gobierno local reconoció que había cometido fallas en su proceso judicial y admitió que el acusado había declarado bajo tortura. Cuando recuperó su libertad, él y su familia solicitaron al gobierno protección, no se la dieron. Lo más cercano fue cuando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas declaró a Casique como víctima del Estado mexicano bajo el registro RNV-CEAV-9-668-2014 ¿De qué sirvió? No de mucho, aún seguía en proceso la reparación del daño.

Lo asesinaron y como la mayoría de las injusticias en México, apesta a impunidad. Existe el señalamiento de la víctima, lo apunta en un video público en YouTube subido por su madre en diciembre pasado: a Carlos Arturo Álvarez Escalera “quiero hacerlo responsable de cualquier cosa que le llegue a pasar a mis abogados, a mi familia, a mi madre y a mí”. Como siempre, en México ninguna autoridad escuchó a la víctima. Hoy está muerto. Así la (in)justicia mexicana.

Twitter: @jrisco

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