Opinión

La imposición del radicalismo

  
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Mando Único libera instalaciones de evaluación tomadas por la CNTE en Morelos. (Edmundo Salgado)

Centralizar el mando sobre las instituciones del sector seguridad en la Secretaría de Gobernación fue una de las decisiones más tempranas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con ello, se esperaba poner fin a la rivalidad entre agencias y a la autarquía con la que se había conducido la Policía Federal en tiempos de Felipe Calderón. Esta centralización ha tenido sus méritos, en particular en la definición de una estrategia mejor focalizada de combate al crimen organizado. Sin embargo, al expandir las competencias de Segob también se abrió la puerta a un escenario delicado. El secretario de Gobernación es un aspirante natural a la presidencia de la República (varios presidentes han pasado primero por Segob, desde Benito Juárez hasta Luis Echeverría). Hoy, a un aspirante presidencial es a quien corresponde tomar decisiones difíciles y potencialmente impopulares en relación con la actuación de la fuerza pública.

En los últimos días Miguel Ángel Osorio Chong ha tenido que lidiar con esta ambivalencia. En Bucareli tienen presente el riesgo que la radicalización de la CNTE supone para la estabilidad del país, pero también saben que hay grupos que buscan precisamente provocar la represión, y de esta forma sepultar las aspiraciones presidenciales del secretario. En este contexto, como quedó de manifiesto la semana pasada, Segob tiene una posición débil en la mesa de negociación.

La solución del conflicto magisterial se ha convertido en una prueba de fuego para Osorio Chong. Desafortunadamente, la vía de la negociación parece cada vez más difícil. La CNTE no es una fuerza cohesionada o disciplinada. Por una parte, en muchas zonas rurales existe una verdadera alianza entre los maestros y las comunidades, que tienen sus propias demandas. Por otra, también se han adherido a los bloqueos y movilizaciones grupos radicales, incluyendo organizaciones cercanas al EPR, como el Frente Amplio de Lucha Popular. Estos grupos exigen lo que saben imposible: la derogación de la reforma educativa, y como mecanismo de presión recurren a un bloqueo que afecta a comunidades marginadas y que sólo incrementará el repudio público hacia la CNTE. Desafortunadamente después de los trágicos hechos ocurridos en Nochixtlán –y por una suma de torpezas en el manejo de la crisis– los grupos más radicales parecen haberse impuesto.

El pasado viernes, después de un mensaje de advertencia de Osorio Chong, la CNTE retiró los bloqueos que mantenía en una veintena de carreteras de Oaxaca. Sin embargo, los bloqueos se reinstalaron a las pocas horas y la CNTE se declaró en “alerta máxima” ante un posible desalojo de las fuerzas federales. Al parecer, los más radicales volvieron a imponerse. Estos grupos, cuyas verdaderas demandas no se relacionan con las exigencias de la CNTE, sino con la simple extracción de rentas del erario público, saben que este momento es inmejorable para presionar.

La debilidad de los gobiernos estatales es otro factor que contribuye a la complejidad de la crisis. En Chiapas y Oaxaca los grupos más radicales cuentan con apoyos en las burocracias estatales, que les proporcionan recursos que posteriormente utilizan para extorsionar al propio gobierno. Lo anterior se explica por la tradición de clientelismo político en ambas entidades. Sin embargo, la falta de conducción política por parte de los gobiernos de Gabino Cué y Manuel Velasco ha exacerbado el problema. Por si fuera poco, la crispación no es exclusiva del sur del país. En Nuevo León, donde la CNTE es una fuerza marginal, los maestros también se han movilizado para manifestar su inconformidad con la reforma educativa.

Finalmente, el gobierno federal, y los aspirantes del PRI a la presidencia, pagan el precio del lamentable historial de violaciones a los derechos humanos durante los últimos años. Después de los abusos y la falta de voluntad para sancionarlos en Tlatlaya, Tanhuato y muchos otros lugares, ni la Policía Federal ni las Fuerzas Armadas tienen el beneficio de la duda (otra ventaja para los grupos radicales que busquen provocar nuevos escenarios de violencia).

Como señalé la semana pasada en este espacio, los miembros del gabinete deben posponer sus aspiraciones personales y priorizar la atención a la crisis magisterial. Sin sacrificar la reforma, es indispensable retomar las negociaciones con la CNTE y aislar a los grupos que buscan provocar más violencia. Si el gobierno federal no muestra capacidad para mantener la gobernabilidad, hay alguien más interesado en colgarse la medalla. Hace una semana López Obrador hizo una demostración de fuerza durante su marcha del silencio en el Paseo de la Reforma. La manifestación no sólo llamó la atención por su afluencia –17 mil personas según las autoridades capitalinas, 800 mil según algunos simpatizantes entusiastas de Morena– sino también por la disciplina con la que se llevó a cabo y por la serenidad del mensaje de AMLO.

En un escenario en el que se rompa definitivamente el diálogo y se multipliquen los hechos de violencia, López Obrador podría aparecer como la única alternativa viable para recuperar la paz social.

Twitter: @laloguerrero

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