Opinión

La hora de Turquía de defender su democracia

  
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¿Por qué Turquía es una nación dividida?

Podría ser el fin de la democracia en Turquía, de la única república democrática y secular en Oriente Medio. En este país el islam, que profesa la mayoría, no tiene carácter oficial.

La consolidación del presidente Recep Tayyip Erdogan en el poder amenaza este paradigma insólito en esa región.

Después de haber sido proscrito de la vida política turca, Erdogan ha gobernado el país de manera ininterrumpida desde hace 14 años, como primer ministro y como presidente. Ahora busca consolidarse en el poder con recursos legales.

Su partido –el Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP– propuso reformar 18 artículos constitucionales para transitar de una república parlamentaria a una presidencial. Este paquete se aprobó en el Parlamento después de tres semanas de discusión.

El próximo domingo 16 de abril se llevará a cabo un referéndum para votar en favor o en contra de la propuesta.

De triunfar el 'sí' se aboliría el papel del primer ministro. El presidente ejercería de manera simultánea el cargo de jefe de Estado y jefe de Gobierno, tendría autoridad para emitir decretos, declarar estado de emergencia, disolver el Parlamento y nombrar a ministros, funcionarios y jueces.

El mandatario justifica que estos cambios asegurarán la estabilidad del país, la lucha contra el terrorismo y mayor eficacia en las tareas del gobierno.

Sus detractores, sobre todo en los partidos opositores, lo acusan de buscar perpetuarse en el cargo. De hecho, la nueva Constitución permitiría que Erdogan se presentara como candidato en las próximas elecciones de 2019 y le daría derecho a reelegirse por otros cinco años. Es decir, que el actual presidente podría estar al frente del país hasta 2029.

La votación sobre el referéndum constitucional empezó desde la semana pasada en Europa. Hay más de dos millones de ciudadanos turcos en Alemania, Austria, Países Bajos y Suiza. Autoridades nacionales y regionales de estos países han prohibido que se celebren mítines políticos con la participación de funcionarios turcos, impedimento que ha irritado al gobierno de Ankara.

El enfrentamiento le ha servido a Erdogan para denunciar enemigos externos y fomentar el nacionalismo de sus compatriotas.

Desde el intento de golpe de Estado de julio pasado, el gobierno turco ha aumentado las medidas de represión y ha suspendido libertades fundamentales. Se derogaron, temporalmente, convenciones internacionales donde se prohíbe el uso de la tortura en las detenciones policiacas. Las medidas en contra de los opositores se han vuelto comunes. A Selahattin Demirtas, uno de los líderes del partido kurdo, se le encarceló por cargos de terrorismo después de las elecciones de 2015. Al clérigo Fethullah Gülen, uno de los principales detractores y rivales del presidente, se le busca extraditar desde Estados Unidos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU estima que más de 40 mil turcos han sido arrestados, entre ellos muchos opositores y periodistas disidentes.

Human Rights Watch en su informe más reciente alerta que más de 95 mil personas han sido despedidas en el gobierno, incluidos 28 mil maestros. Incluso ha habido purgas en el aparato judicial del país.

Un centenar de medios de comunicación (periódicos y cadenas de radio y televisión) han sido clausurados.

El Consejo de Europa ha dictaminado que “el actual estado de emergencia no proporciona el ambiente democrático adecuado para realizar una votación tan importante como un referéndum constitucional”.

Con todo, las últimas encuestas pronostican que las reformas serán rechazadas por escaso margen (51 contra 49 por ciento). Es posible también que, de no favorecerle los resultados, Erdogan los desconozca. Mantiene control férreo del ámbito político: el AKP, es mayoritario en el Parlamento y los gobiernos provinciales y locales.

El 16 de abril no se trata de elegir simplemente entre un cambio de sistema más funcional. Se trata de respaldar a la democracia frente al autoritarismo.

Concentrar el poder en manos de un presidente que controla el Poder Legislativo y que elimina las resistencias en el Judicial, borraría la división de poderes y los contrapesos necesarios para el buen funcionamiento de un régimen democrático.

Su fin sería una gran pérdida para una región atribulada y una muy mala noticia para el diálogo entre civilizaciones y religiones.

Twitter: @lourdesaranda

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