Opinión

La herencia de Mouriño… y de Calderón

En el funeral de Estado que organizó para su secretario de Gobernación muerto trágicamente, Felipe Calderón alabó sin mesura las cualidades de Juan Camilo Mouriño: su lealtad, sobre todo, pero también se refirió a su amor a México, su sensibilidad política, su eficacia y su capacidad para el diálogo.

No mencionó, porque no podía hacerlo, su probidad.

Mouriño utilizó su peso en el gobierno para colocar en áreas estratégicas de Petróleos Mexicanos a sus cercanos, quienes tejieron una red de complicidades, tráfico de influencias y, ahora se sabe, abiertos fraudes no sólo contra una institución bancaria, sino contra la principal empresa pública del país.

Las empresas Oceanografía y ahora Evya formaban parte de esa red que recibía las “atenciones” de un personaje muy cercano a Mouriño: Mario Alberto Ávila, quien fuera candidato del PAN a la gubernatura de Campeche. Tras su derrota electoral, Ávila recibió como “premio de consolación”, la subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción (PEP), y desde esa posición benefició, de manera ilegal, a empresarios panistas.

Representaciones y Distribuciones Evya, empresa que opera en Campeche, es propiedad de Francisco Javier, Luis y Roberto Camargo Salinas.

Según denuncias que recibió el Órgano de Control Interno de la paraestatal (Reforma, 23 de marzo), la empresa de marras fue beneficiada con contratos a modo durante los gobiernos del PAN.

Sólo durante el sexenio de Felipe Calderón, Evya se benefició de contratos otorgados por la Subdirección de PEP por un monto de al menos 2 mil 757 millones de pesos.

Según Banamex, Evya habría obtenido 30 millones en créditos a partir de facturas falsas o cuentas por cobrar de PEP.

Esta empresa de panistas utilizó un esquema de defraudación similar al de Oceanografía -cuyo dueño, Amado Yáñez, se encuentra en un arraigo de lujo en Acapulco, quizá para simular que se hace justicia-, en el que fue pieza clave Erick Cervantes Murillo, ejecutivo de Banamex en Villahermosa, Tabasco, quien dio visto bueno a las facturas apócrifas con las cuales ambas empresas obtuvieron millonarios créditos.

¿Un caso aislado? ¿Banamex es víctima y Pemex -es decir, el erario público- no lo es? Wall Street Journal ha llamado la atención sobre prácticas de Banamex, uno de las mayores instituciones bancarias del país que fue entregada por los privatizadores a Citigroup.

El 10 de abril, el diario de finanzas informó que el Departamento de Justicia abrió una investigación contra Citigroup en California, debido a que no reportó transacciones bancarias sospechosas en la frontera de Estados Unidos y México, en las cuales estaban involucrados cárteles mexicanos.

Según el influyente diario: “El enfoque de la investigación destaca la gravedad de los problemas que enfrenta Citigroup después de que la Reserva Federal rechazó su plan capital y salieron las revelaciones del posible fraude en su unidad mexicana Grupo Financiero Banamex”.

The New York Times fue más allá y puso el dedo en la llaga: “A primera vista, Citigroup parece ser víctima del fraude Oceanografía. Perdió millones de dólares. Pero la FBI y los fiscales, según algunas fuentes, están preguntando si Citigroup fue en parte víctima y en parte facilitador”.

Se trata de una pregunta válida que debería tener importantes repercusiones en México. ¿Fue Citigroup-Banamex víctima y facilitador a la vez?

Es una interrogante que debería ser resuelta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo que, por cierto, recibió mayores facultades con la reforma financiera.

Pero la actitud de su presidente, Jaime González Aguadé, a quien el cargo parece haberle quedado grande, raya en la negligencia y obliga al Senado de la República a citarlo.

Es verdaderamente grave que la PGR, Pemex y la CNBV, actúen únicamente para cuidar el patrimonio de Banamex -y sólo después de que arrancan investigaciones en Estados Unidos, como ocurrió también en el caso de Hewlett-Packard- y no hagan nada para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos.