Opinión

La fortaleza de los órganos reguladores

El entorno político global, muy a pesar del mejoramiento de los índices recientes de desempeño de la economía de Estados Unidos de América, mercado con el que compartimos los intereses comerciales más relevantes del país, obligan a la valoración de los escenarios que puedan dibujarse en el futuro cercano, y a adoptar medidas que aseguren el despegue del dinamismo productivo en el que se cifra el elemento principal de toda la retórica de la administración presente. ¿Están ejecutándose las acciones conducentes?

En la brega que impone la oposición sobre el supuesto de la inactividad que se atribuye al gobierno en función, sus defensores siempre argumentan, con no poca razón, que los dos primeros años de la presidencia de Enrique Peña Nieto se han ocupado, preponderantemente (ahora que el término está en boga), de la construcción de los consensos que permitan la actualización del marco jurídico sobre el que habrá de construirse un nuevo México. Es entonces en este contexto que deberían buscarse los andares que bajo la dirección de nuestro presidente de la República van dibujándose.

Distintas medidas y acciones pueden impulsar el crecimiento de la inversión, la productividad y la competitividad: la terminación de los monopolios, desde luego, pero también la recuperación de la seguridad pública, el mejoramiento de la recaudación, la consolidación del sistema democrático, la abolición de la corrupción, la modernización del sistema educativo y la consagración de la certidumbre jurídica, por citar algunos otros. ¿Acaso las reformas impulsadas estuvieron o no encaminadas a lograr cada punto de los anteriores? En cualquier caso, debe reconocerse la importancia del fortalecimiento del Estado, como agente encargado de la intermediación entre los poderosos intereses sociales, como vigilante, garante o sancionador de aquellas conductas previstas en la ley.

La semana pasada finalizaron las discusiones y votaciones que tuvieron que ver con la aprobación de las diversas minutas con decretos para la reforma o expedición de las leyes que regirán el desenvolvimiento de todas las personas que promoverán el crecimiento y mejoramiento de la industria energética y de los hidrocarburos del país. Uno de los temas de debate tuvo que ver con la fortaleza que tendrán la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, además de otros que intervendrán coordinadamente para el debido gobierno del sector, como el Centro Nacional de Control de Gas y el Centro Nacional de Control de Energía, los que tendrán asiento y voto en el Consejo de Coordinación del Sector Energético.

No podemos negar la relevancia que a lo largo de los últimos años ha venido a cobrar la importancia de una figura jurídica inserta dentro de la conformación de la Administración Pública, y es la de los órganos reguladores. Fíjese usted, la administración es el conjunto de órganos que dependen del presidente de la República, a los que se encomienda una labor de coadyuvancia a favor de aquél, que no tiene otro propósito sino el de cumplir y hacer cumplir la ley. La administración es centralizada y paraestatal, distinguiéndose así entre aquellos dependientes que propiamente realizan actos que conciernen a la autoridad, respecto de otros que realizan actividades preferentemente encaminadas a la consolidación de objetivos económicos constitucionalmente impuestos a favor del Ejecutivo.

Por la especialidad de la naturaleza de aquellos actos que realizan los particulares, o por la ubicación misma dentro de la que se llevan a cabo aquellos que se deben verificar, la administración pública puede hacer uso de la figura de la descentralización, en mérito de la cual se crean órganos que, pertenecen a aquella, pero están dotados de cierta autonomía. Así las cosas, a lo largo de los años se vinieron definiendo por su especialidad los órganos desconcentrados de la administración y los organismos descentralizados, siendo los primeros una parte integrante de las secretarías de Estado, y los segundos totalmente autónomos y con personalidad jurídica.

Por la importancia de algunos ámbitos de la vida política nacional, con el paso de los años se decidió incorporar en la Constitución a los órganos constitucionalmente autónomos, que son propiamente entidades que conforman el gobiernofederal, con la particularidad de que no pertenecen ni están adscritos a ninguno de los poderes constituidos, como el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, véanse así el IFE, Banxico, la CNDH, el Inegi, y hoy la Cofece o el Ifetel, por citar a los más importantes.

Las empresas productivas del Estado, como Pemex y la CFE, a partir de ahora serán reguladas por órganos que dependerán del Ejecutivo federal, pero que gozarán de la particularidad de tratarse de nuevas agencias autónomas, no adscritas a ninguna secretaría, con la cualidad intrínseca que proviene de ventajas ya probadas en organismos anteriores, como son su colegiación, su profesionalización, el nombramiento escalonado de sus integrantes y la participación coordinada del Senado en la selección de aquellos.

No puede negarse bajo ningún contexto que las condiciones legalmente establecidas bajo las cuales deberá definirse la integración y funcionamiento de los nuevos órganos reguladores, constituyen decisiones acertadas ya incorporadas en la ley, que definen la diáfana visión que el gobierno peñista encabeza entorno de la conformación del nuevo gobierno del país.

Sin embargo, es menester que se valore que la fortaleza de los órganos reguladores fue objeto de cuestionamiento reciente, no sólo por virtud de su independencia con relación al Ejecutivo, sino más bien por la definitividad y ejecutividad de sus actos. En la medida en que las resoluciones de algunos de dichos órganos, como la Cofece o el Ifetel, por ejemplo, se vieran cuestionados, suspendidos y no cumplidos, poco útil resultaba la existencia del órgano ante el ejercicio fuerte pero desproporcional de la participación del Judicial.

El verdadero fortalecimiento de los órganos reguladores proviene así, no sólo de la experiencia ganada que ha quedado vertida en la ley como arriba se ha mencionado, sino de otra decisión también impulsada por el Congreso en abril del año pasado: el establecimiento de los límites dentro de los cuales los jueces pueden o deben pronunciar resoluciones de suspensión en materia de amparo. Es precisamente con la definición clara y contundente sobre cómo la intervención de los jueces puede permitir o no la paralización de los efectos de un acto de autoridad, que la ley concede la debida prevalencia a aquellos actos que provienen de los órganos reguladores que nos interesan a todos.

Es ahora que el andamiaje legal se ha modernizado, en una vasta mayoría de las leyes más relevantes, que quedará realmente en la cancha del Poder Ejecutivo demostrar cuál es el proyecto de nación por el que obtuvo el voto mayoritario en las elecciones federales pasadas.