Opinión

La falla del sistema

    
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(Tomada de @ColibriNoche)

¿Cuántas puertas tuvieron que cerrársele a Mireya Agraz para que creyera que la muerte era la única salida que les quedaba a sus tres hijos para no volver a ser víctimas de abuso sexual? La justicia de la Ciudad de México le cerró una.

Hace un mes, cinco personas fueron encontradas sin vida en un domicilio de la Magdalena Contreras: dos adultos y tres niños. Conforme los detalles de la tragedia comenzaron a revelarse, el horror de la situación que orilló a esa familia a la muerte, sólo fue en aumento.

Mireya llevaba más de cinco años luchando para quedarse con la custodia de sus tres hijos, pleito que perdió por la negligencia de las autoridades capitalinas, quienes pese a los señalamientos de que los niños eran víctimas de abuso sexual por parte del padre, le otorgaron a él el cuidado de dos gemelas y un niño.

En cuanto esta versión salió a la luz, el entonces procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, se apresuró a salir a desmentir la versión.

“Hubo tres expedientes (judiciales, relacionados con las denuncias) y en ninguno de ellos se acreditó que existiera un abuso sexual”, subrayó entonces Ríos Garza.

Sin embargo, esta semana, un trabajo periodístico de Animal Político, del reportero Paris Martínez, titulado 'PGJDF ocultó pruebas de abuso sexual contra niños asesinados en Magdalena Contreras', y organizaciones civiles que han dado seguimiento al caso, desmienten al funcionario y revela un caso más en que se le negó a toda una familia la posibilidad de justicia.

De acuerdo con la investigación de Martínez, quien sostiene sus dichos basado en el propio expediente judicial del caso, el procurador mintió: sí existían peritajes del DIF que confirmaban que los niños habían sido abusados sexualmente por su padre y que, por tanto, era un riesgo para ellos el que un juez los dejara en sus manos.

“No se trata de peritajes nuevos: fueron exámenes psicológicos integrados al expediente en 2012.

“Aun cuando estos estudios confirmaban las agresiones perpetradas por el progenitor, las autoridades de la Ciudad de México decidieron en 2016 retirarle la tutela de los tres niños a la madre y entregársela al padre”, relata Martínez en el artículo de Animal Político.

Y la culpa no sólo recae en la mala investigación de la PGJDF, sino en el propio Tribunal de Justicia, quien fue el aval de que los menores volvieran al lado de un presunto abusador.

“El mismo estudio del DIF insiste en que estos testimonios del menor fueron espontáneos, y que ‘no existen elementos que sugieran que el menor esté alienado y que su decir haya sido inducido’ para atribuir a su progenitor conductas ilegales y, por el contrario, el especialista encargado de la evaluación sugiere brindar a la madre y los abuelos ‘apoyo psicológico especializado para desarrollar las herramientas básicas necesarias, que les sigan permitiendo mejorar los estilos de crianza, saludables y adecuados’ que ya otorgaban al menor”, continúa el trabajo de Martínez. “Dicho apoyo a la madre y los abuelos nunca se dio”.

La Procuraduría capitalina ha intentado justificarse diciendo que peritajes posteriores no evidenciaron el abuso que salió en los estudios realizados por especialistas del DIF; sin embargo, una mayor investigación derivada de la contradicción de ambos peritajes habría podido ser la salvación de una familia que murió tratando de evitar ser víctimas de un abusador y de una ciudad impune. La justicia les falló a los niños, a Mireya, que ya no encontró más puertas abiertas para seguir luchando. Tomó una decisión, la más trágica.

Twitter: @jrisco

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