Opinión

La embestida contra el federalismo

Si bien la liberalización política culminó en una democracia para México que tuvo su climax en el 2000, el significado de la alternancia política local y su peso en la transición democrática del país no debe ser soslayado.

El partido político que alcanzó la alternancia en Baja California en 1989 y después la presidencia en el 2000, debe de haber comprendido mejor que nadie el significado del federalismo y su importancia en la democracia a nivel nacional (su impacto en el tránsito de dejar atrás un sistema presidencial con facultades metaconstitucionales como lo señalaba Jorge Carpizo).

Nuestro federalismo, que tiene su origen desde la época Colonial, data del Segundo Congreso Constituyente, el cual en 1824 expidió el Acta Constitutiva en cuyo artículo 5° estableció la forma federal, enumerando a los Estados de la Federación.

Es de destacarse que en el mismo Plan de Ayutla se hace referencia a un nuevo Congreso Extraordinario que elaborara una Constitución con el fin de establecer un gobierno republicano y democrático, desconociendo el centralismo.

El Congreso Constituyente de 1856 tuvo en cuenta los estados y territorios cuyos representantes formaron el Congreso y expidieron la Constitución de 1857. Estas mismas ideas se mantuvieron y se plasmarían en la Constitución de 1917, Constitución por la cual el Estado mexicano aún se rige.

Sin duda nuestro sistema federal requiere de fortaleza, demanda gobiernos eficaces para impulsar el desarrollo nacional de abajo hacia arriba, pero parte del absoluto respeto a su autonomía y soberanía, del reconocimiento de las entidades federativas en un espacio en el que existen fuerzas diferentes al poder central con campo de acción jurídica y política.

La derecha partidaria, olvidando la historia, despreciando la autonomía y soberanía de los congresos locales y en una actitud nuevamente de chantaje político, lanza un nuevo capricho: someter su responsabilidad legislativa en el Congreso federal para analizar las leyes secundarias de una reforma energética que por cierto votó a favor, a cambio de la aprobación de una reforma política en los congresos locales.

México es un país compuesto por estados libres y soberanos, que establecen un pacto federal sustentado en la concurrencia de voluntades, que no están sujetas más que al interés nacional.

La descentralización política es producto de la redistribución del poder de la democracia, que además permite democratizar la acción gubernamental en su interacción con la ciudadanía.

Permite un equilibrio de fuerzas para hacer viable la gobernanza, para salvaguardar la libertad.

En México no hay condiciones económicas, políticas, sociales ni culturales para volver a un centralismo como forma de ejercer el poder y menos por capricho partidario.

La propia dinámica de nuestra democracia se ha nutrido de gobiernos locales que no han aceptado ni “sugerencias” ni “presiones”, sino que institucionalmente asumen su tarea a cabalidad.

Debemos recordar que los estados son centros de decisión que cuentan con la mayoría de edad, a los cuáles es necesario transferir atribuciones, recursos, información y decisiones para hacer posible un gobierno eficaz.

Desde estas líneas hago un llamado a cumplir a cabalidad con nuestro compromiso histórico asumiendo costos de cara a la sociedad para alcanzar el crecimiento que México necesita, para darle sentido a las reformas ya aprobadas y convertirlas en leyes que otorguen certidumbre y viabilidad. México no puede esperar.

El autor es Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI.