Opinión

La división de responsabilidades entre las Alcaldías y el gobierno de la Ciudad de México

07 octubre 2016 5:0
 
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CDMX. (www.agu.df.gob.mx)

Por César Velázquez Guadarrama.

Mucho se ha escrito ya sobre el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. La mayoría de lo dicho se ha centrado en los derechos que busca establecer la nueva Constitución (desde los sexuales hasta la alimentación saludable) y en las incongruencias y contradicciones que se presentan a lo largo del documento.

Sin embargo, poco se ha discutido sobre dos temas que considero de gran importancia. El primero es la división de responsabilidades entre las alcaldías y el gobierno central. El segundo y que debe ser consecuencia del primero, es la fuente de los recursos de las Alcaldías. ¿Cuál nivel de gobierno debe ser el encargado de la pavimentación de las calles y del alumbrado público? ¿Qué pasa si esa calle cruza varias alcaldías o si es el periférico? ¿Cuál debe ser el rol de las Alcaldías y cuál el del gobierno central en el otorgamiento de los permisos de construcción o en la regulación del uso del suelo? Estas preguntas no son triviales pues el buen desarrollo económico de la ciudad y el bienestar de los habitantes depende de la coordinación y buen entendimiento entre las alcaldías y el gobierno central y de que cada nivel de gobierno cuente con los recursos necesarios para sus funciones.

En todo el documento sólo el artículo 59, inciso A titulado “De la integración, organización y facultades de las Alcaldías” en su numeral 9 se mencionan las facultades o responsabilidades de las Alcaldías pero el texto es demasiado general de tal forma que no es posible a partir de este artículo ni siquiera suponer cuál será la división de responsabilidades entre las Alcandías y el gobierno de la Ciudad. El texto es el siguiente: las alcaldías tendrán competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, desarrollo urbano, rural y social, protección civil, bienestar colectivo y seguridad ciudadana, promoción económica, cultural y deportiva y las demás que señalen las leyes. El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. La vaguedad del texto anterior contrasta con lo establecido en el artículo 115 constitucional en el que se señalan claramente las funciones y los servicios públicos a cargo de los municipios así como sus facultades.

Con relación a lo los recursos de las alcaldías, el proyecto de Constitución no establece de dónde vendrán estos. Sólo en el artículo 26 inciso E numeral 4 se señala que las transferencias federales se aplicarán conforme a las reglas establecidas y que las fórmulas de distribución para la asignación del presupuesto de las Alcaldías tomarán en cuenta los criterios de población, marginación, crecimiento observado de los ingresos locales y las obligaciones de gasto de las demarcaciones. Es decir, el proyecto supone que habrá transferencias del gobierno central de la Ciudad a las Alcaldías y que habrá también ingresos locales pero en ninguna parte del documento se señalan cuáles serán estos ingresos locales o de dónde vendrán.

Como ya lo anoté en otro artículo, la discusión central con respecto a este último punto es cual nivel de gobierno, si las Alcaldías o el gobierno central de la ciudad, tendrá la potestad tributaria sobre el impuesto predial. En el resto de las entidades del país, la potestad la tienen los municipios, en la Ciudad de México, actualmente, la tiene el gobierno central.

La división de responsabilidades entre las Alcaldías y el gobierno central de la Ciudad, como ya lo mencioné, debe ser un elemento central de la discusión sobre el nuevo modelo de Ciudad que queremos y necesitamos los habitantes de la capital del país. El hecho que el proyecto de Constitución de la Ciudad de México no toque el tema no es una buena señal.

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