Opinión

La disputa por la nación

"El revolucionario más radical se convertirá en un
conservador el día después de la revolución":
 Hannah Arendt.

El siglo XXI para México no ha pasado por la indolencia, ni la pasividad y mucho menos por la indiferencia. Vive en sus albores la alternancia política fortaleciendo la democracia. Alternancia que hasta la fecha no ha logrado la instauración de un auténtico Estado de derecho en algunas zonas del país, ni logró en el año 2000 las reformas transformadoras que acelerarían su consolidación.

En cambio hoy, después de un revolucionario momento reformador que requirió de grandes acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas impulsado por el presidente de la República, se vive una ola de transformación en la que diferentes actores e intereses confluyen ante la consolidación de cambios estructurales.

Una reforma es un proceso provocado con el objetivo de buscar, desde la propia supervivencia, la funcionalidad o bien la estabilidad del Estado que se pone en jaque ante los incesantes cambios de una sociedad que acumula agravios, que identifica logros, fracasos o deficiencias y que además, sufre cambios estructurales producto de la misma dinámica social interna y del orden global que trae consigo la instauración de derechos y libertades inherentes a la propia democracia.

Pero también, una reforma es una revolución pacífica que deja importantes secuelas en el orden social y político, suponiendo cambios en instituciones, prácticas y procesos que nacen de un consenso que se convierte en voluntad para transformar, la cual sin duda afecta intereses creados que buscan mantener el statu quo.

México postergó después del año 2000 las reformas que eran necesarias para alcanzar el crecimiento, para atenuar la debilidad financiera, el rezago educativo, la falta de competitividad, para disminuir los niveles de desigualdad y dinamizar el crecimiento. Hoy, después de la aprobación de dichas reformas, todavía se vive un proceso de reglamentación para llevar a un proceso de consolidación para su implementación cabal. Los costos de postergar las reformas que se enfrentaron con valentía hoy se hacen evidentes, en los intereses creados, en los monopolios afectados y en las ideas de que “todo siga igual”.

México vive un proceso histórico que se nutre de movimientos sociales que claman por resolver problemas estructurales, vive un momento de indignación nacional en el cuál diversos grupos con intereses distintos (y algunos peligrosos) se suman y dejan claro la necesidad de instaurar un auténtico Estado de derecho. La desestabilización que buscan algunos de dichos movimientos pretende virar un proyecto de nación que está en vías de consolidación.

El proyecto de la transformación que impulsa el actual gobierno está consciente de que necesitamos poner al día a las instituciones para fortalecer al Estado, poner un alto al crimen y a la corrupción; la ciudadanía que clama por un auténtico Estado de derecho debe encontrar por el cauce institucional una respuesta a la brevedad, no podemos exponer a los jóvenes al mercado de la delincuencia y la guerrilla, ni que sean “carne de cañón” de intereses del gran capital de los monopolios nacionales afectados con las reformas, ni de los intereses transnacionales que buscan influir en la reglamentación de las reformas aprobadas, como tampoco podemos tolerar ningún error ni falta por parte de cualquier autoridad, funcionario o representante popular.

Es tiempo de los ciudadanos y no podemos hacer oídos sordos; la salvaguarda de su integridad pende de ello. La legitimidad de las autoridades (hoy más necesaria que nunca) debe imponerse con resultados, para desenmascarar al verdadero enemigo, que hoy busca adueñarse de la indignación para vulnerar a las instituciones y atentar contra el Estado.

Twitter: @SamuelAguilarS