Opinión

La depuración de la nómina magisterial

 
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CNTE Chiapas

Ha mencionado el secretario de Educación Pública que en julio estará depurada la nómina magisterial, después de un proceso profundo de auditoría, en coordinación con las autoridades estatales. Se trata de que a quien se le pague realice labores docentes o tareas relacionadas con la educación.

No es un proceso fácil, es complicado y requiere transparencia y voluntad política de todas las partes para lograrlo, y sustracción de las presiones sindicales.

Recordemos que el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, el FAEB, que vivió de 2008 a 2014, mantuvo los vicios que han estado presentes desde 1992, cuando se firma el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, y un decreto del día siguiente, donde se compromete a los gobernadores –lo firman– a mantener los privilegios logrados por las diferentes secciones sindicales.

Esto es, se mantuvieron vicios como el pago de los comisionados sindicales con cargo a los recursos transferidos, además de que se congelaron las plazas administrativas y se pagó a trabajadores en esas funciones o directivos de las escuelas con plazas de docentes. Lo más delicado fue que a quienes trabajaban se les seguía pagando, cuando ocupaban puestos de elección popular, además de que no había forma de saber exactamente el número de maestros en los estados y, como en Oaxaca, había cerca de tres mil pagadores habilitados, dado que el grado de bancarización de cada entidad federativa es diferente. Un mérito en Oaxaca fue que con pocos bancos hicieron malabares y tengo entendido que el pago con cheque es hoy muy reducido. Recurrieron también a las diferentes ventanillas de pago que existen en el estado.

Han sido muy ventilados en los medios muchos casos extremos de pagos a quienes no trabajan desempeñando un papel importante. Las organizaciones ciudadanas los han detectado y denunciado. De ahí la importancia de que finalmente se terminen de depurar.

El FAEB generó desigualdades en la distribución de los recursos entre las entidades federativas. La fórmula que se aplicó en ese periodo fue inequitativa y su aplicación incorrecta, ya que se presupuestaba sin regularizar la inflación, se partía de la base del presupuesto de inicio y no del ejercía al final del mismo, lo que se tradujo en una transferencia negativa de los estados de menor desarrollo, con mayores plantillas, a los más desarrollados.

Por ello ese déficit de operación, que son en muchos casos pasivos del gobierno federal, que no cumplió al pie de la letra lo establecido en el acuerdo de 1992 ni en la Ley de Coordinación Fiscal. Se generaron déficits importantes en los institutos o secretarías de Educación estatales, que en algunos casos eran cubiertos por sus propias finanzas y en otros se fueron arrastrando como pasivos, requiriendo cada fin de año recursos adicionales para poder pagar las nóminas que eran la prioridad, prorrateando los pagos a los terceros institucionales, que al pagarse en el ejercicio correcto fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación.

Sería importante que la ASF realizara una auditoría de desempeño sobre el cálculo de la fórmula del FAEB y sus resultados, y por supuesto sobre la de los subfondos del FONE, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que opera desde 2015, después de un proceso de conciliación de nóminas en 2014 y centralización de su pago en el gobierno federal. Existe un subfondo de compensación que se concentra en las entidades con mayor gasto educativo con recursos propios –las que tienen subsistema estatal–, no en las afectadas por el FAEB, que aún arrastran su déficit.

Es claro que la coordinación intergubernamental, la observación ciudadana y la fiscalización superior, son elementos importantes para superar esos problemas.

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