Rodolfo Navarrete
Generalmente uno de los eventos más relevantes de las reuniones de la junta de gobierno del Banco de México sobre el futuro de las tasas de interés y de la política monetaria son los comentarios "fuera de programa" del gobernador de dicha institución, mismos que ayudan a entender lo allí tratado y discutido. Durante la semana pasada se presentó nuevamente esta oportunidad a través de varias intervenciones públicas de este funcionario.
En tales intervenciones el gobernador del banco central dejó en claro al menos dos puntos básicos. Uno, el Banco de México no está preocupado por el comportamiento esperado para este y los próximos años del déficit fiscal porque considera que es transitorio y que no afecta la sostenibilidad de la relación entre la deuda pública y el PIB. Dos, que la propuesta de reforma fiscal tendrá un efecto mínimo y transitorio sobre la inflación.
Sobre el primer punto, el carácter transitorio del déficit fiscal es relativo.
En primer término, en función exclusivamente de lo señalado a principios del año por la Secretaría de Hacienda, en 2013 debería haberse eliminado el déficit fiscal en su versión light; sin embargo, de acuerdo a la propuesta económica para 2014 no sólo no se va a eliminar (se plantea incurrir en un déficit equivalente a 0.4 por ciento del PIB), sino que se espera que aumente a 1.5 por ciento en 2014. Para 2015 se estima que seguirá habiendo un déficit equivalente a 1 por ciento del PIB y de 0.5 por ciento en 2016. Recién para 2017 se espera eliminar dicho déficit, sólo que en su versión light. En la versión más completa del déficit fiscal (los requerimientos financieros del sector público), la Secretaría estima que debería alcanzar el 4.1 por ciento del PIB en 2014.
En segundo término, México viene registrando déficit fiscales desde 2009, cuando se decidió aplicar una política fiscal contracíclica para tratar de contrarrestar la caída económica de ese año, misma que nunca fue retirada pese a que la economía se recuperó fuertemente en 2010 y sostuvo altas tasas de crecimiento hasta el año pasado. Así, de registrar un superávit fiscal en su versión light de 0.5 por ciento en 2008, se pasó a un déficit de 0.2 por ciento en 2009, 0.8 por ciento en 2010, 0.6 por ciento en 2011 y 0.6 por ciento en 2012.
Vale decir que con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda hasta 2017 el país acumularía un periodo de ocho años de déficit fiscal, lo cual difícilmente podría ser considerado como transitorio.
Entre paréntesis, lo anterior también muestra que el crecimiento registrado entre 2010 y 2012 fue impulsado en alguna medida por el sostenimiento de una política fiscal expansiva, misma que hizo crisis después de las elecciones del año pasado.
Todavía en el mismo primer punto también es relativo que el déficit fiscal programado para los próximos años no afecte la sostenibilidad de la relación entre la deuda pública y el PIB. El Banco de México considera, en tal sentido, que al crecer el déficit fiscal y aumentar correspondientemente el endeudamiento público, la relación entre éste y el PIB no se alterará de manera significativamente debido al mayor crecimiento económico que se espera para los próximos años (según la SHCP, 5 por ciento en promedio durante los próximos cinco años). La pregunta es obvia, aunque no para todos. ¿Qué pasaría si la economía no crece a dicho ritmo? Claramente, la relación deuda a PIB tendería a aumentar y con el ello el grado de insolvencia del país, que se traducirá en aumentos en las tasas de interés.
Respecto al segundo punto, llama mucho la atención el comentario del gobernador del banco central en el sentido de que la propuesta de reforma fiscal tendrá un efecto mínimo sobre la inflación. Tal como hemos comentado en su oportunidad, uno de los temas que más preocupa respecto al efecto inflacionario de la reforma es el relacionado con la vivienda. La propuesta de la reforma fiscal considera grabar con el IVA de 16 por ciento a la renta de la vivienda, por lo que cabría esperar algún efecto sobre la inflación en vista de que no todos las operaciones de alquiler de vivienda se encuentran en el sector formal de la economía. Sin embargo, este no es el problema. La dificultad viene por el lado del rubro de vivienda propia, que es el más importante en la canasta de consumo que se toma como base para la elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Al respecto, es necesario señalar que desde hace pocos años el INEGI imputa el valor de los servicios de la vivienda propia a través de la renta de vivienda. En tal sentido, si dicha renta va a ser gravada con el IVA es lógico pensar que el precio de los servicios de la vivienda propia también reconozca este gravamen aunque no lo paguen. Si eso fuera así, la inflación debería subir fuertemente. Calculamos que en cerca de dos puntos porcentuales.
El señalamiento del gobernador de que la inflación tendrá un efecto mínimo sobre la inflación sólo puede entenderse bajo el supuesto de que el INEGI no va hacer la actualización del precio del servicio de vivienda propia en función de lo que suceda con la renta de vivienda, o en el supuesto de que el dueño de la vivienda absorba el 100 por ciento del IVA y no lo traslade al arrendatario. Difícil de aceptar.
Estos elementos ayudan a entender por qué tanto en el último comunicado de política monetaria, como en su correspondiente minuta los funcionarios del banco central no discutieron prácticamente el tema del déficit. Según el gobernador no es relevante, hay otras cosas que son más relevantes.
Lamentablemente, estos eventos están configurando un escenario relativamente peligroso para el comportamiento de las tasas de interés. Si bien bajaron en los últimos días a consecuencia de la inacción del Fed, bien podrían subir abruptamente en el futuro, no sólo porque la falta de actuación del Fed es momentánea, sino también porque estructuralmente las finanzas públicas mexicanas se están deteriorando. Estamos entrando al escenario de la "curva J", sólo que en el caso de las tasas de interés.
Economista del sector privado.
Opinión