Opinión

La crisis de representación y la necesidad de un interfaz

27 noviembre 2014 17:19

Isidro Soloaga

Profesor de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Al igual que en otros países latinoamericanos, México enfrenta hoy una crisis de representación. En algunos casos, esa crisis de representación terminó con un rechazo a toda la clase política y generó graves problemas institucionales (“que se vayan todos” era el grito de la calle en la Argentina del 2001). Queremos aquí ayudar a precisar de qué se trata esta crisis y desarrollar una propuesta mínima que ayude a superarla.

Un sistema democrático implica per se la delegación de funciones en los representantes, y en ese contrato democrático los ciudadanos otorgan a sus legisladores y funcionarios gubernamentales la potestad de representar sus intereses. La labor de los representantes es, de alguna manera, convertirse en intérpretes de las preferencias ciudadanas y promover, votar e implementar políticas públicas orientadas al logro de lo que esa ciudadanía mayoritariamente favorece.

Sin embargo, esta cadena de delegación se rompe cuando existe la percepción de que en el gobierno existe clientelismo (trueque de favores económicos por votos), captura del estado (los representantes democráticos en realidad representan a grupos económicos y legislan a su favor), o lisa y llana corrupción (trueque de favores por favores económicos).

Con la cadena de delegación rota o resquebrajada, la ciudadanía se repliega y aparece un cisma entre la población y sus gobernantes, cisma que realimenta tanto la debilidad institucional como la falta de compromiso ciudadano. El repliegue ciudadano tiene su base en que, en este estado de las cosas, el tamaño de la tarea por delante (conseguir representación efectiva, enderezar las instituciones) resulta ciclópeo en relación a las fuerzas disponibles (la voz propia, el voto individual).

Esta falta de un interfaz entre los individuos y sus representantes resulta a su vez, o bien en apatía por la cosa pública, o bien en algunas manifestaciones violentas, como en los sucesos de los días pasados: ambas conductas representan una ruptura del contrato social. Hasta aquí la descripción de la crisis.

La propuesta para ayudar a superarla tiene que ver con la recuperación de espacios mínimos de ciudadanía a través del uso de las nuevas tecnologías de información, en particular, de las redes sociales. Por ejemplo, se podría usar el posicionamiento geográfico de un bache. El mapa de la ciudad indicando fechas y frecuencias de denuncias de baches podría servir como un incentivo para lograr su pronta reparación. No es que la autoridad no sepa que existe el bache. Seguro lo sabe, pero no experimenta un costo político fuerte por no repararlo a tiempo ya que sólo sufren el inconveniente aquellos que pasan por ahí.

El mapa de frecuencia y antigüedad de los baches que se propone busca subir el costo político de la inacción. Pero más aún, ¿qué pasaría si se fecha y posiciona geográficamente en el mapa de la ciudad a aquel servidor público que pide una mordida para que el ciudadano evite las consecuencias de una supuesta (o real) falta a algún reglamento? Seguro hay más situaciones en las que esto puede hacerse: se fecha y posiciona geográficamente cualquier acto que merece denunciarse.

La propuesta está clara: ante el cisma entre la población y sus representantes, usar el anonimato de las redes sociales para recuperar un canal mínimo de participación colectiva. Está en el interés de todos, gobernantes y gobernados, empezar a recuperar algo de ese compromiso ciudadano necesario para que el contrato social funcione. Ya que los canales institucionales parecen estar en descrédito, debemos probar otra cosa.