Opinión

La crisis bilateral que se aproxima

    
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Trump y los republicanos han prometido promulgar una reforma impositiva este año por primera vez desde 1986. (Bloomberg)

Trump ha amenazado con deportar a millones de mexicanos, con construir un hermoso muro que México debe pagar y, desde luego, continúa amagando con derogar el TLCAN. Sin embargo, en el área de seguridad hay una crisis bilateral en gestación de la que poco se ha hablado y muchos no han detectado.

Este año se espera sea el más violento en la historia reciente de México, rebasando el pico de homicidios dolosos del 2011 (22, 855 según SESNSP). La prensa estadounidense y desde luego las agencias de seguridad han prendido las alarmas al respecto. En Washington preocupa especialmente el año electoral que está por arrancar. Se teme que pudiera profundizarse la inseguridad con un gobierno de Peña visiblemente debilitado en procuración de justicia y con una seria crisis de impunidad.

El gobierno de Trump no otorgará ninguna concesión a México en el tema de seguridad. Estados Unidos está experimentando la peor crisis de consumo de opioides en su historia. De acuerdo con el reporte más reciente, 59 mil personas murieron el año pasado en Estados Unidos por sobredosis de opioides. En el mismo año, 30 mil personas murieron por actos terroristas a nivel mundial. México es el principal abastecedor de heroína al mercado de drogas de Estados Unidos. Es decir, la emergencia nacional que declaró Trump el 20 de octubre pasado, tiene en su epicentro a México.

Un serio agravante es que la cooperación binacional en materia de seguridad se ha erosionado sustantivamente. La Iniciativa Mérida que arrancó en 2008 con gran ambición por parte del gobierno de Felipe Calderón, se ha ido desvaneciendo. Al final del sexenio de Calderón en 2012, ni la Casa Blanca ni Los Pinos estaban satisfechos con la instrumentación de la iniciativa. La queja de Los Pinos era que la ayuda Mérida llegaba tarde e insuficiente. Por su parte Washington consideraba inaceptable que, no obstante, los mayores montos de cooperación hacia México, la violencia en nuestro país parecía salirse de control. Además, las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas se dispararon.

En su visita tempranera a Peña Nieto en abril de 2013, Obama fue muy claro: esperamos la nueva definición de México en materia de cooperación de seguridad. Pero pasaron los meses y los años sin que Washington recibiera una nueva propuesta de cooperación en seguridad. De manera que la Iniciativa Mérida se conservó por inercia, lo cual explica parte de su deterioro. En 2015, cinco millones de dólares destinados para las fuerzas de seguridad no fueron entregados a México debido a la falta de protección a los derechos humanos y la impunidad ante torturas y desapariciones forzadas. El monto de dinero no era relevante; sí la señal que envió Washington de frustración.

Ahora bien, el equipo de procuración de justicia de Trump, encabezado por el procurador general Jeff Sessions, es prohibicionista y está regresando a prácticas de mano dura como vincular la migración y el consumo de drogas con altos niveles de criminalidad. Esto se traduce como un gran potencial de fricciones con México. En un memorándum de marzo pasado, el procurador Sessions indicó que muchos crímenes violentos son motivados por el tráfico de drogas y las organizaciones de narcotráfico e instruyó a sus ministerios públicos (fiscales) a buscar cargos y sentencias más severas incluyendo actos ilegales no violentos vinculados con el consumo y la distribución de drogas.

Las lecciones de varias décadas de prohibicionismo son claras y terribles: la adicción al tratarse como un problema de criminalidad en vez de salud pública incentiva a los grupos criminales a expandir su producción y distribución de drogas, pues se genera un mercado negro con precios estratosféricos. Así, mientras en Estados Unidos y en México contamos nuestros muertos y desaparecidos, el crimen cuenta sus ganancias.

Trump en sus recientes declaraciones sobre la crisis de los opioides no solicitó fondos que le permitan a los estados lidiar con la emergencia. Esto puede entenderse como un regreso desafortunado a la retórica donde se responsabiliza a los países productores y tránsito de sustancias ilícitas por el consumo de drogas en Estados Unidos.

El espíritu que animó la Iniciativa Mérida era el de responsabilidad compartida en los temas del narcotráfico y del crimen organizado. Esta visión está siendo paulatinamente abandonada. Hay una crisis bilateral en materia de seguridad en ciernes.

Twitter: @RafaelFdeC

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