Opinión

La crisis actual
de Acapulco no se resuelve con dinero

La semana pasada comenté en este espacio que los focos de alarma se habían prendido en Acapulco, ante el desplome de turistas que decidieron no ir a vacacionar a este destino desde los trágicos sucesos de Ayotzinapa y todo lo que hemos visto a partir de ese día en el estado de Guerrero, pero principalmente en el puerto: bloqueo de la autopista del Sol y del aeropuerto local.

En respuesta a esta situación, el jueves pasado fue removido de su cargo el secretario de Turismo estatal, Javier Aluni, lo cual se entiende como un movimiento natural al haber llegado recientemente un nuevo gobernador. Pero también este lunes hubo en Acapulco una reunión de alto nivel encabezada por la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, con la titular de la Secretaría de Turismo Claudia Ruiz Massieu, el gobernador interino Rogelio Ortega y Roberto Campa subsecretario de Gobernación, con 300 empresarios de Ixtapa, Taxco y el propio Acapulco, principales centros turísticos de la entidad.

Pero con discursos más de retórica que de hechos concretos, se juntaron para anunciar que el próximo mes el gobierno federal va a hacer un anuncio. Y mientras ese anuncio llega (se hará el 3 de diciembre y será un Plan de Apoyo Emergente a Guerrero), Rosario Robles aprovechó para presumir que en el último año (después del paso de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013) han invertido en Guerrero veinte mil millones de pesos en la reconstrucción de infraestructura y servicios básicos, pero nada dijo de su promesa de dar a conocer los nombres de quienes construyeron casas donde no debían y de quienes lo permitieron.

Por lo que se habló en esa reunión parece que las autoridades no acaban de entender que, en este momento, el grave problema de la baja de turistas no se soluciona con dinero. Se trata de un asunto de falta de confianza que produce incertidumbre en el viajero, quien no sabe cuándo los manifestantes van a cerrar la autopista o a bloquear el aeropuerto.

Apenas a principios de este mes hubo una reunión similar en el mismo lugar y prácticamente con los mismos funcionarios para, obvio, anunciar que la Secretaría de Turismo federal lanzaría una campaña de promoción para Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, con un costo de doce millones de pesos, con el objetivo de reactivar el turismo tanto en el fin de semana largo de los festejos de la Revolución, como durante las vacaciones de diciembre.

La campaña incluiría la promoción de eventos que se llevarían a cabo en lo que restara del año. Sin embargo, en el caso de Acapulco no sirvió de mucho: fueron miles las cancelaciones de cuartos de hotel que se registraron durante el pasado puente y uno de los principales espectáculos programados, el Show Aéreo, fue cancelado días después por la empresa organizadora Altius Events, quien argumentó “problemas de logística”.

El que sorprendió fue el gobernador Ortega al afirma que no permitirá actos de violencia en Acapulco, “ni que violentos realicen desmanes al amparo del dolor ajeno”, cambiando así su discurso de que no actuaría para no victimizar a los protestantes. Habrá que ver si esto es cierto, de seguro no pasará mucho tiempo antes de que tenga oportunidad de demostrar que en verdad está decidido a hacer respetar la ley en su estado.

Pero, más allá de que el gobernador se faje los pantalones y actúe como autoridad responsable, lo que deben entender en el gobierno federal es que, en estos momentos, más que carretadas de dinero lo que Acapulco requiere es un trabajo político, de negociación, de lograr acuerdos, para que quienes lo han hecho, no vuelvan a cortar las vías de comunicación hacia el puerto. Después que llegue el dinero, pero de nada servirán los miles de millones de pesos de Sedesol o las campañas publicitarias de Sectur, si al inicio de las vacaciones los dolientes de Ayotzinapa y los grupos que están lucrando con esta tragedia vuelven a invadir la autopista y a bloquear el aeropuerto. Sólo será dinero tirado a la basura.