Opinión

La cresta del gallo

 
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El Bronco. (Cuartoscuro)

El PAN de Puebla propuso y logró de la mano de otros partidos poner mayores obstáculos para ser candidato independiente en esa entidad: tres por ciento de firmas de apoyo para candidatos a gobernador y de cinco por ciento para candidatos en ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes; 20 días para recolectarlas (en otras entidades se cuenta con más de 40 días); así como no tener militancia de partido por lo menos durante el año previo a la contienda. Pero el requisito que hace casi imposible ser candidato sin partido es que cada una de las miles de firmas que se requieren para ser candidato (en el caso de gobernador son 130 mil) deben ser rubricadas de forma personal en las oficinas distritales de la autoridad electoral, es decir, que cada ciudadano debe trasladarse, hacer fila, entregar copia de su credencial y firmar su apoyo.

Aunque otras entidades han legislado reformas 'antiBronco', entre ellas Sinaloa, Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas, en ninguna de ellas los obstáculos han sido tan severos como la propuesta de los panistas poblanos. El único partido que se opuso de forma unánime fue el PRI que inicialmente había apoyado la propuesta pero que reculó.

Según Jorge Aguilar, coordinador de los diputados del PAN, “lo que estamos buscando es que los ciudadanos que quieran hacer política sean realmente los que puedan accesar a las candidaturas (…) y que no sean militantes de otros partidos políticos que eventualmente dejen los partidos para disfrazarse de ciudadanos y optar por este tipo de alternativa” (sic). En Chihuahua también se usó el argumento proteccionista para elevar los requisitos. Dijo el diputado César Pacheco (PRI) que los cambios a la legislación tenían como fin “proteger al verdadero ciudadano que proviene de la sociedad civil” y que la candidatura independiente “no sea un nido de berrinchudos” (sic). (En Chihuahua se aumentó el umbral de firmas de 2.0 a 3.0 por ciento y se impuso el requisito de no haber sido miembro de algún partido al menos por tres años).

En Veracruz se estableció otro requisito para protegernos de los malos candidatos al establecer la “buena fama pública”, eso es, “la favorable estimación que se han formado los habitantes donde se verificará la elección (…) generando un correcto prestigio público o un estado de opinión sobre determinados hechos que lo consideran un buen ciudadano” (sic).

El Bronco dijo la semana pasado que cuando se bloquean las candidaturas independientes, los partidos políticos “le pican la cresta al gallo”. En su opinión, “limitar la participación a aquellos ciudadanos que no quieren ser parte de un partido es ingrato, no está bien”. Si esa práctica continúa, añadió el futuro gobernador de Nuevo León, se va a estimular que muchos ciudadanos “se organicen luego de otra manera que no es conveniente para el país ni para la tranquilidad del país”. Aunque difícilmente las leyes 'antiBronco' puedan despertar la rebelión social, lo cierto es que tendrán un efecto búmeran sobre sus proponentes.

No creo que las candidaturas ciudadanas sean la solución a los problemas de la democracia mexicana. Tampoco que quienes llegan al poder sin un partido –por ese solo hecho– puedan desempeñar mejor el cargo. Estoy convencido de que nuestra democracia necesita un sistema sólido y estable de partidos. Pero se requiere una amenaza real y creíble que incentive el cambio al interior de los partidos.

La legislación aprobada para acceder a un cargo de elección popular sin el aval de un partido –esta es la descripción neutra de la figura– nada dice de las motivaciones ni de las características personales de quienes usen esa vía de acceso. Simplemente establece los requisitos así como se hace para los candidatos de partido. Establecer criterios adicionales como tener buena fama pública o querer limitar a los políticos “berrinchudos” es llevar la ley más allá de sus alcances.

Ricardo Anaya, nuevo presidente del PAN, ha dicho que su misión es recuperar la confianza de la sociedad. El anuncio de que combatirá sin tregua la corrupción, empezando por su “propia casa”, así como el nombramiento del nuevo coordinador de los diputados, presagia acciones con mayor grado de independencia. El caso poblano es particularmente importante como símbolo porque el PAN fue el impulsor de las candidaturas independientes –el expresidente Felipe Calderón fue su proponente inicial en 2012–. Genera confusión que los diputados en Chihuahua hayan votado en contra de una reforma 'antiBronco' hace algunas semanas y que sus pares de Puebla hayan votado a favor de ella apenas el sábado pasado.

Hasta ahora el PRI había llevado la batuta para complicar las candidaturas ciudadanas en otras entidades como Chihuahua y Veracruz, pero en Puebla se ha formado del lado de la sociedad civil, ya sea por convicción o por táctica. Ojalá el PRI aproveche esta coyuntura y deje fluir la figura de los candidatos sin partido. Ese grupo político puede ahora interponer una acción de inconstitucionalidad para derogar la reforma electoral en Puebla. (Organismos ciudadanos ya han anunciado que interpondrán amparos y juicios ante los tribunales electorales). Si el PRI lo hace, la presidencia de Manlio Fabio Beltrones empezará con el pie derecho y se posicionarán para ganar la gubernatura de Puebla en 2016.

Twitter: @LCUgalde

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