Opinión

La Corte y el Nevado: Peña Nieto vs. Lázaro Cárdenas

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Enrique Peña Nieto, presidente de México. (Cuartoscuro)

El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene programada la revisión de un caso en el que subyace, según se ha sabido, una lógica bastante peculiar: si como gobierno te parece que es muy difícil hacer cumplir la ley para hacer efectiva la protección de una reserva natural, mejor cambia el estatus de la reserva en cuestión.

El caso data del 1 octubre de 2013, cuando el presidente Enrique Peña Nieto decretó modificar la categoría del Parque Nacional del Nevado de Toluca –otorgada por el general Lázaro Cárdenas–, y reclasificarlo como Área de Protección de Flora y Fauna.

“El cambio de categoría marca un giro de 180 grados el paradigma de conservación, al legalizar e incluso promover la extracción de flora y fauna con fines comerciales, la tala y venta de árboles, la explotación de minas y la construcción de infraestructura pública y privada”, explica en una tarjeta informativa Luz Emilia Aguilar Zinser, quien es la persona que ha promovido el amparo ante el decreto presidencial.

Bajo el modelo de Parque Nacional, la prioridad es la máxima protección de las cuencas hidrológicas, y está prohibida la explotación; en cambio, con el formato propuesto por Peña Nieto para el Nevado se ponen “los terrenos a merced de las devastadoras tensiones del mercado inmobiliario, lo que implica la fragmentación y destrucción de los ecosistemas”, señala la tarjeta informativa.

Aguilar Zinser señala que varios especialistas han puesto en tela de duda el Estudio Justificativo que dio lugar al decreto, “al encontrar que se basó en datos erróneos, usados a conveniencia, ocultando parte de la información para justificar la apertura al aprovechamiento forestal de bosques que se han mantenido en buen estado, a pesar de las grandes presiones alrededor. Esos bosques están en medio de una de las zonas más pobladas del mundo. Hay zonas deforestadas, se han extinguido especies y se han talado árboles, pero el bosque sigue brindando vitales servicios ambientales”.

El amparo, formulado por el abogado Fabián Aguinaco, pide a la Suprema Corte analizar tres argumentos:

1.- Afectaciones a la calidad de vida de futuras generaciones.
La medida promovida por el presidente fomenta la alteración y daño grave al medio ambiente, la perturbación al derecho humano a la salud y, “lo que es más grave, pasa por alto la obligación que tiene el Estado de cuidar, proteger, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y prevenir la generación de los refugiados ambientales”.

2.- Violación de atribuciones del Ejecutivo.
El decreto viola los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque desconoce y rompe con el régimen de distribución de competencias constitucionales, ya que ni el Constituyente Originario, como tampoco el Órgano Reformador de la Constitución, han facultado al Ejecutivo federal para legislar en materia de protección ambiental y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

3.- Falsos fundamentos legales.
Ninguno de los artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ni de la Ley General de Vida Silvestre o de la Ley Agraria, que se citan en el decreto, sirven para fundar los actos del presidente de la República para cambiar la categoría de un área natural protegida, pues no incluyen el supuesto de “cambio de categoría”.

Los ministros de la segunda sala de la SCJN darán pistas sobre lo que piensa la Corte en cuanto a conservación ambiental: ¿cuál modelo favorecerán, el que aprobó a sugerencia de Miguel Ángel de Quevedo el presidente Cárdenas, o el que decreta el presidente Peña Nieto?

Twitter: @SalCamarena

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