Opinión

La corrupción, un estilo de vida

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¿Qué contiene la nueva ley anticorrupción?

Dieciocho años de empantanamiento en materia de lucha a la corrupción se rompieron este martes al ser aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo primero, ovación de pie. Lo segundo, a trabajar porque apenas es el principio en la construcción de un modelo institucional que empiece a levantar barreras contra el fenómeno más pernicioso del Siglo XX que nunca se acaba. La nueva ley, con todas sus virtudes, es una respuesta a la irritación ciudadana, pero no como el principio para un cambio ideológico –entendido como el compromiso con una idea– para enfrentar ese cáncer, sino con una motivación política y reduccionista que no sustenta el entusiasmo de la clase política.

Hace más de cinco años, en un texto intitulado La corrupción somos todos, se recordaba que México tiene una sociedad política que es tolerante con servidores públicos ladrones, ligados al crimen organizado y cínicos consumados, a quienes defienden con un espíritu de cuerpo que los hace igualmente corruptos. En septiembre pasado se publicó en este mismo espacio el costo que significaba para la economía la gangrena de la corrupción: 1.5 billones de pesos, equivalente a 10 por ciento del Producto Interno Bruto, similar al gasto administrativo del gobierno federal en 2012.

Un reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado decía que ese costo era lo que tenían que presupuestar las empresas en pago a funcionarios de distintos niveles para que sus operaciones no se interrumpieran o se cancelaran. El último informe global de Transparencia Internacional colocaba a México en el lugar 106 de los 177 países más corruptos, a 87 lugares de Uruguay, que fue el mejor clasificado en América Latina. Sólo Rusia estaba peor clasificado que México dentro de las naciones emergentes, y el nuestro es el último del club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

México está considerado entre las naciones más corruptas del mundo. El índice 2014 sobre el Estado de derecho del World Justice Project colocó a México en el lugar 79 de 99 naciones estudiadas, y en el número 12 de 16 países latinoamericanos. En las ocho variables que analiza esta organización independiente y multidisciplinaria que revisa el Estado de derecho en el mundo, México sale reprobado.

En los límites al poder del gobierno (contrapesos y rendición de cuentas) se ubica en el lugar 48; en ausencia de corrupción (sobornos, nepotismo, extorsión, fraude) está en el 78; en gobierno abierto (transparencia y acceso a información) en el 32; en protección de derechos fundamentales en el 60; en orden y seguridad (estabilidad y confianza en las instituciones del Estado) en el 96; en cumplimiento regulatorio en el 51; en justicia civil (resolución de conflicto mediante instituciones de justicia) en el 88; y en justicia criminal (procuración y administración de la ley) en el 97.

Cuando se analiza el perfil completo de México y se revisan sus tendencias, México no parece ser viable para darle la vuelta a la corrupción y la impunidad. Dieciocho años tardaron los legisladores en aprobar la ley contra la corrupción, y estuvo a un paso de no ser aprobada. Sólo la crítica pública de los últimos meses los llevó al punto de que sería más alto el costo de no hacerla, que el beneficio de seguir en la mar de la impunidad. La corrupción y la impunidad, por si alguien no se ha dado cuenta, forman parte del código genético mexicano. En un gran libro, La corrupción política en el México contemporáneo, Stephen D. Morris sostiene que la corrupción generalizada es uno de los factores que más influyen en la desconfianza atávica de los mexicanos. En efecto, hace mucho forma parte del paisaje nacional.

Morris recuerda al ideólogo priista Jesús Reyes Heroles, que en los 90 decía que “la corrupción en México llegó a niveles inconcebibles”, y que se había convertido en la regla de la administración pública mexicana. Muchos años antes, Álvaro Obregón la veía como instrumento táctico –“no hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos”–, y en la década de los 40 en el siglo pasado, el historiador austriaco Frank Tannenbaum escribía en su libro Mexico: The Struggle for Peace and Bread, que la “mordida” era “lo peor”, porque era un círculo creciente de los burócratas a quienes no lo son, que quizás era el principal impedimento para un buen gobierno y el progreso económico. Para entonces, ya había pasado más de un siglo desde que el político e historiador Lucas Alamán, dijo: “la corrupción en México es antigua, central y omnipresente”.

No le faltaba razón al presidente Enrique Peña Nieto cuando dijo que la corrupción era cultural en México. Los medios y las redes sociales lo apalearon, sin analizar a fondo el alcance de lo que dijo y, también, sus limitaciones. Pero ¿alguien duda la cultura laxa sobre la legalidad en México? ¿Cuántos no han comprado piratería? ¿Cuántos no han pagado una “mordida” para facilitar su vida cotidiana? ¿Cuántos nunca han violado una ley?

La nueva Ley Anticorrupción es un paso que apuntala el diseño institucional, pero la construcción de un edificio, por mejor calidad que tenga, nunca será suficiente si el material con el que están construidos sus inquilinos está podrido. Para eso no se necesitan leyes.
Se requiere educación, que es un reto más largo, más difícil y más complejo.

Twitter: @rivapa

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