Opinión

La consulta popular “no transita”

Se considera que hay tres maneras de practicar la democracia. La forma directa, como se supone se llevó a cabo hace veinticinco siglos en las antiguas ciudades-estado griegas, donde el pueblo reunido en asamblea tomaba periódicamente las más importantes decisiones de carácter político, desde discutir y aprobar las leyes, establecer los impuestos, indicar cómo habrían de gastarse éstos y definir las acciones administrativas, hasta juzgar a los reos.

No pocos estudiosos del tema opinan que tal tipo de democracia realmente nunca existió. En todo caso algo aproximado a ello, pero no como se dice, si bien se afirma que aún no hace mucho este tipo de democracia directa se practicaba en algunos cantones suizos.

Pero en el supuesto de que esta manera de ejercer el poder, inmediata y directamente por el pueblo hace dos mil quinientos años, que suena más a ilusoria fantasía que a realidad, haya tenido vigencia, se constreñía a unos cuantos. En efecto, si se considera que sólo tomaban parte en ella los mayores de edad, varones y libres, automáticamente quedaba eliminada, como es natural y por lo demás muy explicable, una porción importante de quienes -los menores de edad- integraban la comunidad. A éstos se sumaban las mujeres, carentes de derechos políticos, y los esclavos, que tampoco gozaban de tales derechos.

Otra forma de ejercer la democracia es la indirecta o representativa, que es la más común, generalizada y conocida, con todas sus limitaciones y fallas, también muy conocidas. Esta democracia consiste en elegir representantes –de ahí lo de representativa-, quienes son en realidad los que por delegación de los ciudadanos que los votan ejercen el poder político.

Y la tercera manera de ejercer la democracia es la llamada semidirecta. Ésta consiste en varias modalidades o figuras a través de las cuales el pueblo, se supone, hace sentir más su peso y su presencia en las decisiones políticas importantes. Estas figuras son básicamente el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la consulta popular. Estas dos últimas fueron incorporadas a nuestro sistema constitucional apenas en febrero pasado. Y la primera intentona, por lo que hace a la consulta popular, de llevarla a la práctica, por lo pronto ya no fue posible en la primera oportunidad que se iba a presentar en las elecciones del año próximo.

Dice el artículo 35 constitucional que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a participar o votar en las consultas populares “sobre temas de trascendencia nacional”, cuando sean convocados para ello por el Congreso a solicitud del presidente de la República, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras del Congreso, y en ambos casos siempre que la petición sea aprobada por la mayoría tanto de la Cámara de Diputados como del Senado; o bien a petición de un número de ciudadanos equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Como si se tratara de la famosa letra chiquita de un contrato, un inciso del mencionado precepto constitucional dispone que “no podrán ser objeto de consulta popular”, entre otros temas, “la materia electoral” y “los ingresos y gastos del Estado”. Y agrega: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá… sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.

Y en días pasados la Corte resolvió, respecto de cuatro peticiones de consulta popular presentadas “en tiempo y forma”, como dice la fórmula consagrada, que su materia no era constitucional. En ni una sola de las cuatro. Lástima que ni esta novedosa modalidad de ejercer la democracia, por la razón que sea, esté tampoco al alcance de los votantes mexicanos. Qué lucha tan cuesta arriba, siempre, para darle vigencia aquí a la democracia.