Opinión

La condición humana

 
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Mexicanos vieron el partido Brasil vs. México en el Zócalo.


El autor es catedrático en la Universidad Anáhuac México Norte.

Función fundamental del Estado, es la de garantizar la convivencia armónica de los miembros de una sociedad, seres humanos condicionados, como lo señala Hannah Arendt, “…ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia… Cualquier cosa que toca o entra en mantenido contacto con la vida humana asume de inmediato el carácter de condición de la existencia humana”.

La connotada filosofa diferencia, por otra parte, condición humana de naturaleza humana, pues “…la suma total de actividades y capacidades que corresponden a la condición humana no constituye nada semejante a la naturaleza humana”.

Sirvan estas citas, sólo de preámbulo a la reflexión que se pretende en este breve artículo, respecto de la posibilidad de domar la condición humana mediante la integración de un nuevo sistema normativo orientado a la transparencia, la rendición de cuentas, la vigilancia y la sanción de actos apartados de la legalidad, particularmente en el ejercicio público o vinculados con él.

La expresión parece asumir implícitamente la naturaleza salvaje y malvada del ser humano que en consecuencia debe ser domado por el Estado. En la práctica, la función del derecho, ha sido a lo largo de la historia, precisamente la armonización del intercambio social y dotar de reglas del juego a la convivencia en colectividad de acuerdo a las circunstancias y condiciones de cada una, pero la promulgación de leyes, la creación de un sólido cuerpo normativo o de organismos especializados resultan inocuas si no se traducen en acciones prácticas correspondientes con la función para la que fueron creados, haciendo efectiva su labor inhibidora de actos apartados de la legalidad.

Vicio y virtud son ciertamente inherentes al ser humano en todo el orbe, Estado y leyes son también condiciones comunes a todas las sociedades, aun las más primitivas, autoritarias o liberales, pero los índices de corrupción e ilegalidad varían drásticamente entre los países más avanzados y los menos desarrollados y quizás esto se deba a que en los primeros existe un amplio respeto social y político a las reglas del juego y a la aplicación de la ley sin distinción ni miramientos cuando éstas son burladas.

Podríamos pensar que los países con un índice de percepción de corrupción menor (Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Holanda) son aquellos donde la condición humana ya se domó, sin embargo, es obvio mencionarlo, son países donde los derechos sociales y la ampliación de las libertades individuales se promueven intensamente.

La experiencia de México en relación con la corrupción en el servicio público es añeja y ha generado un marco normativo exprofeso para su contención específicamente a partir de la década de los 70 –del siglo pasado– con la promulgación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos y la de responsabilidades administrativas que le sucedió buscando la “renovación moral de la sociedad”, es decir, pretendiendo domar la condición humana, con pésimos resultados.

Las recientes reformas al marco legal, desde el nivel constitucional en el mismo sentido ofrecen una nueva edición de los esfuerzos por abatir la escandalosa corrupción que seguimos padeciendo, la vía para que ello se transforme en realidad y no culmine en simple discurso como los anteriores, será la acción eficaz y decidida de las autoridades a quienes ha sido encargada la función en contra de aquellos cuya condición humana aún no se doma y siguen gozando de evidente impunidad.

Esperemos, en breve, una muestra.

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