Opinión

La complejidad del espíritu constitucional

El artículo 21 constitucional contempla principios esenciales que conciernen a la materia de la procuración e impartición de justicia en el Estado mexicano. Dota de atribuciones al Ministerio Público y delimita su relación con los órganos de justicia criminal, a los que compete imponer las penas. En su octavo párrafo, sin embargo, supedita la observancia y cumplimiento de los fallos pronunciados por la Corte Penal Internacional a la aprobación del Senado de la República.

La semana pasada se discutió en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados una iniciativa, por medio de la cual se pretendió, no sin cierta razón, la modificación sustantiva del párrafo octavo antes comentado. En la proposición que encabezó el partido Movimiento Ciudadano, se incorporaba el reconocimiento expreso de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos del Estatuto de Roma, del que México es parte, al que pretendía hacerse referencia literal en el texto constitucional.

El dictamen elaborado con relación a la mencionada iniciativa se formuló en sentido positivo, y la votación de los diputados que integran dicha Comisión, se dividió al final del proceso de discusión, habiéndose resuelto su desechamiento por diferencia de un solo voto. Lógicamente, las críticas de quienes ávidamente defienden la observancia y cumplimiento de los Derechos Humanos, no se dejaron esperar.

Las consideraciones que se expresaron para desechar la iniciativa no son superables en forma alguna, e incluso podríamos decir que existió un reconocimiento tácito de dicha circunstancia por parte de los legisladores proponentes, al momento mismo en que formularon una reserva para la eliminación del párrafo entero, como lo mencionaremos adelante.

El punto crucial que impidió dictaminar favorablemente la iniciativa de los partidos de la izquierda tiene que ver con la valoración de incorrecta remisión que pretendía incluirse en el texto de nuestra Constitución, a una Convención Internacional, no por la jerarquía normativa, misma que en el ámbito del derecho corresponde a los tratados internacionales con relación al derecho interno, sino por virtud de la especificidad de la norma internacional con la que el proyecto quedaba vinculado. Incluir la remisión textual al Tratado abriría la puerta para que se debieran incluir numerosas remisiones idénticas, con el inconveniente de que, en el contexto de la formación permanente del derecho internacional, los tratados incorporados podrían quedar superados.

En la Constitución se contemplan distintos preceptos alrededor de los cuales orbitan armónicamente el derecho internacional y el interno. Concretamente, los dos preceptos más relevantes sobre el particular son el primero de la misma Carta Magna, y uno de los últimos, el 133. En ambos se reconoce que los tratados internacionales que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, que se apeguen a la misma Constitución, son Ley Suprema de la Unión, y a ella deben estar los Jueces, inclusive, por encima de las Constituciones estatales.

En un proceso de dilucidación sobre contradicción de tesis, sustentado por la SCJN el año pasado, se llevó a cabo una discusión absolutamente trascendente con relación a la jerarquía que debe corresponder a los tratados internacionales que tutelan derechos humanos, y se reconoció que éstos, al igual que las garantías y derechos humanos que tutela la Constitución, pertenecen a un mismo nivel jerárquico normativo y, por ende, prevalecen con relación a cualquier otra norma, con excepción de aquellas que en la propia Constitución se establecen restricciones a las garantías, pues en dicho caso, prevalece la Constitución.

En la iniciativa que se votó no se pretendía tutelar un derecho humano por sí mismo, mas sí reconocer jurisdicción expresa al órgano de justicia internacional al que por virtud del derecho internacional corresponde tutelarlos. Al apreciarse el inminente descarrilamiento de la propuesta, los diputados de la izquierda pretendieron insertar una reserva mediante la cual se pretendía desaparecer el octavo párrafo que venimos comentando, para suprimir la participación del Senado que, aparentemente, invalida o condiciona la efectividad de los fallos de la Corte Penal Internacional.

La propuesta era sobre todo funcional, pero no rescataba tampoco la esencia del compromiso que México debe asumir en el contexto de la lucha en contra de los delitos de genocidio y de lesa humanidad. A la postre, así como al iniciativa original pecaba de incorporar elementos normativos de más, la reserva adolecía de resolver la problemática de menos. Un complejo crucigrama para un propósito tan alto como el que debe asumir México en un episodio de esta naturaleza.

Una premisa quedó bien sentada en la mesa de discusión, reconocida por todos los legisladores por igual. Con o sin octavo párrafo constitucional, a la luz de la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales, el compromiso asumido por el país en esta materia debe cumplirse puntualmente, aún en contra del texto constitucional. Desafiar el espíritu del Estatuto de Roma podría acarrear en contra del país una responsabilidad internacional.