Opinión

Colaboración interinstitucional, clave para combatir el robo de identidad

 
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computadora, hackers

El robo de identidad consiste en el acceso no autorizado y, por tanto, ilegal a la información personal de un individuo, lo cual se realiza para hacer un uso indebido de tal información. En muchas ocasiones, la intención es obtener beneficios económicos: adquisición de bienes, contratación de servicios y disposición de dinero; aunque también el móvil puede ser el cometer ilícitos de otra naturaleza, entre los cuales están la defraudación fiscal, el acceso a servicios sociales e, incluso, la incidencia en procesos electorales, como se ha denunciado eventualmente en México.

En los últimos tiempos este problema se ha convertido en un fenómeno que no sólo afecta a los individuos en su patrimonio y bienestar, sino también a los sectores mercantil, financiero y tributario de los países, y supone un creciente impacto en su economía. Para tener una idea de la magnitud de esta amenaza en el ámbito mundial se puede mencionar que, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta práctica afecta a más de 1.5 millones de personas al año y representa una pérdida estimada en mil millones de dólares.

La ONU, al igual que expertos en el tema, ha recomendado la implementación de medidas conjuntas tanto de carácter preventivo como punitivo entre los sectores público y privado, algunas de ellas encaminadas a fomentar la denuncia y la cooperación en las investigaciones, poniendo especial énfasis en acciones de difusión dirigidas a distintos actores a fin de que identifiquen y denuncien estas prácticas ilegales.

Por lo que se refiere a nuestro país, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), en el estudio más reciente que ha publicado sobre el tema, señaló que de enero a septiembre de 2015 se reportaron 40 mil 436 reclamaciones de usuarios de servicios financieros por posible robo de identidad. La Condusef precisó que el monto económico asociado alcanzó los 184 millones de pesos, cantidad superior en 35 por ciento a la registrada en 2014. No obstante lo anterior, hay que subrayar que esta conducta ilegal no se encuentra prevista en el Código Penal Federal; aunque es significativo que sí lo esté en 16 entidades de la República.

Si bien el reconocimiento legal es una medida necesaria, cabe destacar que a principios de este año y en concordancia con las recomendaciones internacionales antes señaladas, un conjunto de instituciones, junto con la agrupación nacional de bancos, impulsaron un marco de actuación conjunta para prevenir y combatir el robo de identidad en los servicios financieros, a través de la suscripción de unas Bases de Colaboración.

A través de este instrumento jurídico, la Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Condusef, el SAT, la PGR, el INE y el INAI, se han propuesto impulsar acciones encaminadas a inhibir la utilización de identidades falsas dentro del sistema financiero mexicano; difundir entre la población medidas preventivas y correctivas para evitar ser víctimas de estas prácticas; y orientar a quienes se consideren afectados para que inicien el procedimiento correspondiente ante las autoridades competentes.

La acción interinstitucional e intersectorial es una importante medida para combatir el robo de identidad, debido a lo complejo que resulta frenar estas conductas que afectan crecientemente diversas esferas de lo público y también de lo privado. Las instituciones que enfrentan este fenómeno social deben actuar de manera conjunta y articulada, porque la actuación aislada dificulta su labor, en particular, la atención a las víctimas y la prevención de aquellas personas que están en riesgo de serlo.

Igualmente, es necesario que la población sea receptiva y difunda las acciones emprendidas desde el ámbito institucional, lo cual abonará en la construcción de una cultura de la protección de los datos personales, que permitirá prevenir el mal uso de los mismos no sólo en el sector financiero, sino en todos los ámbitos de la sociedad.

La autora es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

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