Opinión

La certidumbre legal del juego democrático, reto de 2014

Samuel Aguilar Solís

La estabilidad de la democracia depende no sólo de un marco legal idóneo que coadyuve al buen funcionamiento de sus instituciones, sino de múltiples factores que tienen que ver con la actuación, con la participación y también con percepciones de la política en términos de representatividad, transparencia y eficacia.

El diseño de un marco legal que establezca lineamientos que permitan lograr instituciones que coadyuven al equilibrio de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas, la participación social y una auténtica representatividad constituye una tarea permanente.

El pasado 13 de diciembre, el Congreso de la Unión aprueba una reforma político-electoral que busca fortalecer el régimen democrático, estableciendo vínculos más estrechos de control democrático entre los gobernantes y representantes y los ciudadanos.

La reforma político-electoral ha sido promulgada, ya que ha alcanzado el aval de la mayoría de los Congresos locales.

Dicha reforma es producto del análisis de un universo de 56 propuestas de modificaciones legales relacionadas con el tema para la integración, funcionamiento y actuación del Estado mexicano y su relación con los ciudadanos.

En lo referente a la reforma política, se analizaron temas de gobierno de coalición; ratificación por parte del Congreso de la Unión de nombramientos hechos por el titular del Ejecutivo federal de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como la independencia de Coneval y de la PGR.

Asimismo, se analizó la aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo y, por parte del Senado de la República, la ratificación de la estrategia nacional de seguridad; y por último la reelección legislativa; y de ayuntamientos.

En lo referente a la reforma electoral se estudió el fortalecimiento del IFE, dando origen al INE, así como el análisis a las tareas de los institutos estatales electorales; el aumento del umbral para mantener el registro como partido político, y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia electoral.

La tarea de este 2014 una vez promulgada la ley, consiste en el diseño de las leyes secundarias, las cuales deberán de contemplar una nueva Ley de Partidos (a más tardar del 30 de abril), un nuevo Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE (120 días naturales después de la promulgación de la reforma), la modificación de la relación del Ejecutivo con el Legislativo, la autonomía de la Coneval y de la Procuraduría General de la República, y las disposiciones para reglamentar la reelección de legisladores entre otros aspectos.

En lo referente al Instituto Nacional Electoral, se deberá garantizar que sus tareas otorguen certeza al juego democrático.

2014 será un año en el que México diseñe un sistema electoral con un nuevo árbitro y con nuevas reglas, pero tarea del nuevo Consejo General del INE, será el de aprobar la nueva redistritación electoral.

La calidad del juego sin duda depende de los partidos políticos pero también de los ciudadanos, una mayor participación política propositiva y demandante complementa el diseño de las nuevas reglas, y también legitima y le da certeza a los comicios electorales.

La calidad del juego democrático sin duda se incrementará si ésta reforma logra disminuir la desconfianza entre los actores políticos y de los ciudadanos hacia ellos.

Los avances, aunque no suficientes y definitivos, son importantes. El 2014 será un año de suma trascendencia en la materia político-electoral.