Opinión

La caída de Peña Nieto

En las dos últimas semanas, pese al receso de la Semana Santa, no pasó desapercibida la caída de la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto. La referencia más reciente es la encuesta de GEA-ISA, que colocó al presidente con un nivel de aprobación de 37 por ciento contra una desaprobación de 52 por ciento. Algunos políticos y analistas consideraron que el mediocre comportamiento de la economía y la inseguridad son los factores que llevaron a ese descontento nacional. No son buenas noticias en Los Pinos, donde no dejan de insistir que su principal objetivo son los resultados, no los niveles de aprobación presidencial. Es decir, están convencidos de que la receta aplicada a México -las reformas estructurales, su manejo de la economía y la estrategia de seguridad que han aplicado- es la adecuada para el desarrollo del país. Pero de lo que no pueden estar seguros es de que el paciente sobreviva la medicina y repercuta en sus planes.

La encuesta de GEA-ISA no está sola en el desierto. Forma parte de la serie de encuestas presidenciales donde prácticamente todas, sin excepción, registran la caída de Peña Nieto. En la encuesta de encuestas de Buendía&Laredo, el condensado en marzo da al presidente un nivel de aprobación de 45 por ciento, contra un 49 por ciento de desaprobación. No es su peor momento en aprobación -en octubre y febrero bajó a 42 por ciento-, ni tampoco el mayor de desaprobación -en enero y febrero estuvo en 51 y 52 por ciento respectivamente-. Sin embargo, está marcando una tendencia.

Peña Nieto arrancó su gobierno con el mismo nivel de aprobación de 45 por ciento y con una desaprobación de 22 por ciento. Los dos se encontraban en un punto muy bajo. En febrero, con la captura de la maestra Elba Esther Gordillo, la aprobación subió a 56 por ciento -junto con marzo de ese año, el nivel más alto-, pero la desaprobación comenzó a crecer -31 por ciento-. En octubre se emparejaron los datos en 42 por ciento, y desde entonces siguieron elevándose las tasas de desaprobación. Buendía&Laredo resaltó en su encuesta de encuestas los factores de la economía como un efecto detonador de la desaprobación, al notar que la confianza del consumidor comenzó a caer en agosto, cuando ya se sentían los estragos de la desaceleración.

El índice de Confianza del Consumidor se desplomó 10 puntos de octubre a noviembre, y sólo hasta marzo recuperó cinco puntos de los perdidos. Paralelamente, la confianza en la economía, que empezó a tambalearse en agosto, tuvo una caída en vertical en enero, como consecuencia directa, explicó la casa encuestadora, del pobre crecimiento y el incremento de los impuestos. La reciente encuesta de GEA-ISA reportó que 57 por ciento de los mexicanos están en desacuerdo con la reforma fiscal, y del 46 por ciento que asegura que paga más impuestos, 63 por ciento reconoció que tuvo que reducir sus gastos. Las clases altas y las medias, donde se encuentra la principal base de contribuyentes, son las más afectadas.

Desde un punto programático, el gobierno del presidente Peña Nieto quiere -lo que es altamente loable- reducir los niveles de pobreza en el país, por lo cual ha recargado la mano fiscal sobre el resto de los mexicanos. Lo ha dicho de varias formas en público el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y se los dijo en forma brusca a varios de los principales empresarios mexicanos, el jefe de la Oficina Presidencial, Aurelio Nuño. El desafío que enfrentan no está en lo objetivo -los indicadores económicos y los impuestos existen-, sino en lo subjetivo. A quien tienen como interlocutores molestos es al grupo social con acceso a los medios de comunicación y capacidad de influir en las tribunas de la opinión pública. Este es el ángulo que no ha visto el gobierno.

Tener como adversario a ese grupo puede tener consecuencias negativas para el gobierno. En 1995, cuando la profunda crisis financiera, en el equipo del presidente Ernesto Zedillo se analizó el impacto distorsionador que les estaba causando ese mismo grupo que hoy está molesto, por la elevación de sus créditos hipotecarios, al criticar sistemáticamente al gobierno en la prensa. Decidieron entonces inventar las Unidades de Inversión (UDI), que decía uno de los asesores del Presidente, beneficiarían realmente a no más de 200 mil personas. Era una especie de subsidio disfrazado a ese grupo. “Pero lo teníamos que hacer”, dijo el exasesor, “pues las críticas iban a contaminar a la economía en lo general y afectar los esfuerzos de recuperación”. Con las UDI, en efecto, las denuncias pararon y el gobierno tuvo el espacio para realizar los cambios que reencauzaron a la economía mexicana.

El gobierno de Peña Nieto tiene una disyuntiva similar, en condiciones mucho más favorables. No requiere de medidas radicales como las hizo Zedillo, pero sí modificar su estrategia. ¿En dónde empezar? En donde no se cambie la receta. Lo que tiene que modificarse es el mensaje presidencial, dejando el intangible que utiliza hoy Peña Nieto y transformándolo en uno asequible, incuestionable y que anule las críticas de los, hasta hoy, más beneficiados. Pero de este tema, hablaremos en la siguiente colaboración.