Opinión

La burra y la productividad


 
La burra no era arisca, dice el adagio, pero así la hicimos.
 
Los mexicanos alguna vez no éramos escépticos... pero tras tantas promesas, ¿cómo creer?
 
Apenas el 22 de mayo de 2009, hace poco más de 4 años, se firmó el Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral.
 
Ese acuerdo se suscribió presuntamente tras 43 reuniones realizadas entre el gobierno y los sectores productivos, e incluía una red nacional para la firma de acuerdos estatales; se creó la dirección general de productividad dentro de la Secretaría del Trabajo; se estableció un portal de la productividad y se lanzó además un Programa de Apoyo a la Productividad.
 
El acuerdo fue suscrito por la cúpula completa del sector privado, con Armando Paredes al frente, en su calidad de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Joaquín Gamboa Pascoe, presidiendo el Congreso del Trabajo, más una larga lista de líderes sindicales.
 
El portal de la productividad todavía lo puede usted encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo; tiene estadísticas de productividad laboral del comercio y las manufacturas ¡actualizadas a 2008!
 
Pero, eso sí, tiene su decálogo y hasta los formatos para adherirse a él.
 
¿Y sabe en qué paró este proyecto? Pues se dejó morir. En las estadísticas que ha difundido el gobierno se muestra que la productividad fue en descenso, al menos hasta 2011.
 
Aunque ese acuerdo fue el proyecto más articulado, en realidad se ha hablado de incrementar la productividad desde hace muchos años.
 
Y como casi siempre, aunque se han definido los 'qué', no se ha hecho lo mismo con los 'cómo'.
 
La diferencia que existe respecto del planteamiento que el gobierno de Enrique Peña hizo esta semana es que no se trata de un asunto accesorio, sino del eje mismo de la estrategia de gobierno.
 
Claro que eso no es ninguna garantía de que ahora sí se vaya a aterrizar.
 
No obstante, hay diferencias con los proyectos recientes.
 
Hoy, el comando de este programa para 'democratizar la productividad' lo tiene la Secretaría de Hacienda; es decir, la instancia que tiene la llave de los recursos y capacidad de ejecución.
 
La estrategia plantea 4 ejes, a saber: asignación de recursos hacia los sectores más productivos, incluyendo promoción de la formalidad; mejoramiento del ambiente de los negocios; elevación de la productividad al interior de las empresas y reducción de las brechas, especialmente las regionales.
 
La generalidad de los planteamientos es aún demasiada. Se necesita un detalle que se va a conocer hasta que se publique el programa especial en la materia.
 
A reserva de lo que ese programa contenga, ninguno de los objetivos será nada sencillo.
 
Los incentivos reales a la informalidad son demasiado poderosos y hasta ahora no ha habido manera de impedirlos. Se requieren castigos eficaces para quienes están en la informalidad y ventajas muy claras de ser formales. Hoy no las hay.
 
El mejoramiento del ambiente de negocios se ha atorado, en buena medida, en donde el ámbito federal no llega, que es en todas las regulaciones locales, que generan cargas y corrupción, lo que también provoca un grado de dificultad extra, pues ese terreno no es autoridad del gobierno federal.
 
El incentivo a la productividad en las empresas requeriría, por ejemplo, de tratos fiscales diferenciados y agresivos para realizar inversiones en tecnología. ¿Habrá la decisión de hacerlo?
 
Finalmente, el tema de cerrar las brechas, sobre todo regionales, es un asunto de enormes proporciones, que tiene que ver con temas de políticas públicas, pero también con factores estructurales.
 
Claro que lo peor sería decir que el asunto es muy complicado y que es mejor no emprenderlo.
 
Pero de que no va a estar fácil, no va a estarlo.
 
 
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