Opinión

La base de la letalidad

 
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Mientras el ejército celebró con una ceremonia las nuevas reglas militares, cientos de miles de personas salieron a las calles de Tokio para protestar contra la decisión. (Reuters)

El Programa de Política de Drogas del CIDE (PPD) difundió un estudio sobre la letalidad de las actuaciones del Ejército, la Marina y la Policía Federal. A partir de una base de datos que integra “40 mil registros de actos violentos, con una gran cantidad de información (en gran parte información sensible como nombres y ubicación precisa), incluyendo la descripción narrativa del evento -y que fue- puesta en manos” de dicho programa, sus voceros sostienen una conclusión escalofriante: las Fuerzas Armadas actúan para matar ahí donde se encuentran desplegadas. Más aún, en función de la relación entre muertos y heridos en cada evento relacionado en la referida base, se sugiere que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha respondido al propósito “sistemático e intencional” de escalar la violencia oficial en detrimento de la población civil. Con todo lo que eso implica.

En respuesta a ese trabajo, Marco A. Morales y Virgilio Muñoz publicaron una nota en la que cuestionan la opacidad, metodología y los resultados del PPD (Revista R, 26 de marzo, 2017). Las principales críticas de Morales y Muñoz son: a) el PPD no transparentó sus cálculos ni estimaciones; b) los datos contenidos en la propia base de datos conducen a un índice de letalidad menor al reportado para el caso del Ejército y de la Marina; c) los índices difundidos por el PPD no provienen de la base datos “puesta en sus manos”, sino de otro análisis sobre letalidad basado en “notas periodísticas”; d) menos de 10 por ciento de los registros de la base de datos revela la autoridad federal involucrada, de modo que es dudosa la representatividad de la muestra, y e) el concepto de “letalidad perfecta” (puros muertos y cero heridos) es un tanto problemático, sobre todo por la dificultad de determinar cuántos presuntos criminales participaron en el enfrentamiento –que no fueron muertos o heridos– pero lograron finalmente huir.

El inconveniente mayor del estudio del PPD se resume en una frase que ha pasado desapercibida: alguien “puso en sus manos” esa base de datos. Así como se lee: no crearon, produjeron, recolectaron u organizaron datos a través de parámetros metodológicos que aseguren que sean replicables y verificables. No, esas son sofisticaciones técnicas. El PPD nos confiesa que alguien se la filtró. Por la forma en la que presenta y presume su base de datos (“gran cantidad de información sensible con narrativas exhaustivas de lo acontecido”), el PPD desliza que la filtración proviene de una fuente gubernamental. A partir de ahí, hicieron una verificación que, en el mejor de los casos, es cuestionable: vieron que se parece a una oficial publicada en 2011-2012 ('Base Presidencia'), contrastaron en fuentes abiertas aproximadamente la mitad de los registros y eso les alcanzó para darla por buena y probar sus hipótesis. Surgen entonces las dudas. ¿Bajo qué método reconstruyeron la congruencia lingüística de los descriptores utilizados en el registro de los eventos? El PPD únicamente asume que éstos tienen el mismo sentido en las miles de narraciones de los enfrentamientos y agresiones contenidas en la susodicha base ¿Confirmaron oficialmente su autenticidad? En el reporte metodológico no lo aclaran ¿Hicieron pruebas forenses para confirmar que los eventos registrados en realidad acontecieron en los términos detallados en la base? Tampoco lo precisan y mucho menos aportan el vehículo de validación factual ¿Qué institución o agencia fue responsable del levantamiento, clasificación, custodia y actualización de esa información? Ni una pista. Puedo imaginar que al PPD llegó una memoria USB, la combinaron con otras cosas que tenían a la mano y ¡albricias!, la revelación de la década (Por cierto, la famosa 'Base Madre' originalmente filtrada por esas patrióticas manos anónimas al inicio de esta administración, no la encuentro por ningún lado).

¿Qué tan cuestionable es esto? Imagínese que su médico le ha dado la terrible noticia de que padece cáncer en el pulmón. Preocupado, usted pregunta sobre su probabilidad de vida y la eficacia del tratamiento prescrito al caso. Su médico, con una frialdad freudiana, le informa que usted se va a morir en un plazo no mayor a un mes, según indican las tendencias estadísticas clínicas del cáncer en pulmón en hombres entre 35 y 40 años, habitantes de la Ciudad de México, fumadores habituales y sedentarios, que puso en sus manos el primo de un amigo que trabaja en una aseguradora. Pues así de preocupante: la receta que los médicos deben aplicar al problema de la seguridad “colgada” de una base de letalidad del primo de un amigo anónimo.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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