Opinión

La bandera de la corrupción

    
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La raja política que representa abanderar la causa del combate a la corrupción es tan redituable que ahora, en plena discusión de la reforma en la materia, ningún partido político va a dejar pasar la oportunidad de llevar agua a su molino. Las bancadas panistas en el Congreso están enfocadas a capitalizar el malestar que existe en la sociedad en este tema y se aprestan a librar la madre de todas las batallas, tanto en el seno de las comisiones respectivas, como en las discusiones en el pleno, para lograr su propósito.

Llama la atención que a pesar de que no tienen la mayoría para sacar una reforma a su gusto, se sienten confiados que lograrán su fines, ya que los resultados electorales alcanzados el pasado 5 de junio les brinda, dicen ellos, la posibilidad de que otros grupos partidistas se sumen a su propuesta, incluso senadores y diputados del PRI.

Lo que es una realidad es que el partido en el poder y sus aliados también tienen toda la intención de aprobar todo el entramado legal que dé a luz una reforma de gran calado, que revierta este mal endémico que junto a la impunidad exacerban el ánimo de la población.

Así las cosas, la lucha se circunscribe en quien logre el mejor posicionamiento ante la opinión pública.

Sin embargo, esta postura de los partidos políticos no la comparten aquellos sectores de la población que descalifican a priori todo lo que se geste en el ámbito oficial. Así el Partido Revolucionario Institucional se sume a la propuesta original de las organizaciones ciudadanas propulsoras de la llamada Ley #3de3, y se pronuncie a favor de un fiscal autónomo y con el soporte legal que permita emprender su trabajo con la probidad y eficacia que se requiere en estos momentos, lo cierto es que por desgracia la credibilidad y la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes populares está por los suelos, y por otra parte las decisiones políticas están ya “contaminadas” por la sucesión presidencial.

En este escenario se explica la visita que hiciera el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, a San Lázaro para fijar su posición al respecto y fue tajante al afirmar que el partido tiene muy claro el mensaje central que mandó la ciudadanía el pasado 5 de junio, en donde exigen como nunca un combate frontal a la corrupción, por lo que en el marco de este período extraordinario de sesiones Acción Nacional, aseguró, “refrenda su compromiso por sacar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) robusto e integral. Vamos por las siete leyes, vamos por una fiscalía verdaderamente autónoma, independiente, queremos que quien sea el fiscal o la fiscal no tenga compromiso alguno con los partidos políticos”.

Contagiado por el éxito de los resultados electorales, sentenció que el PAN lo que quiere es que se revisen a fondo todos los casos de corrupción, caiga quien caiga, sin importar el partido político en el que militan. También refrendó el compromiso de su partido con la transparencia, donde las declaraciones patrimoniales debe ser públicas en los términos en los que los han propuesto organizaciones de la sociedad civil organizada, en este sentido indicó que respaldan la propuesta que ha presentado Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.

Apuntó que sería un fracaso e inaceptable para el país que no se contará con un fiscal independiente del gobierno y que no se aprobará la Ley #3de3 como la concibieron las organizaciones civiles.

Anaya calificó de inaceptable que el PRI insista en que no sean públicas las declaraciones patrimoniales y en su pretensión de descafeinar y achicar la reforma en materia de transparencia. “Sería un descaro y desfachatez del PRI oponerse”, sería absurdo después de los resultados de las elecciones de 5 de junio, puntualizó el imberbe pero enjundioso dirigente.

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