Opinión

La autonomía de las entidades de fiscalización estatales

 
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ME Corrupción (Especial)

La semana pasada comentaba sobre las limitaciones para tener autonomía en los órganos garantes de la transparencia en las entidades federativas. Una de las causas centrales es la ausencia de autonomía presupuestal, lo que permite que los gobernadores muevan a discreción a los titulares de los órganos locales, usando presiones a través del presupuesto, a veces imponiendo mandos intermedios que sabotean el trabajo de los OGT, y promoviendo titulares ad hoc.

Algo parecido sucede con las entidades de fiscalización de los congresos locales y no se diga con los contralores nombrados estos últimos directamente por los gobernadores, cuya función es proteger, aunque debería ser prevenir actos de corrupción. Gran parte de la impunidad se origina en esa dependencia respecto de los Ejecutivos locales, dependencia presupuestal y a veces política. Excepciones siempre las hay, como acaba de mencionar la OCDE, en la presentación de su estudio “El Sistema Nacional de Fiscalización de México: fortaleciendo la rendición de cuentas para el buen gobierno”, presentado por José Ángel Gurría en la ASF.

Sólo una cuarta parte de las entidades de fiscalización locales tienen autonomía respecto a los congresos locales –califican con 10– aunque surgen dudas al respecto. Según el Imco y la UdeG, esto se da en Coahuila, Colima, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Sobran y faltan, pero su número no es lo relevante para ratificar una realidad conocida, esto es, la falta de autonomía no sólo en lo presupuestal, sino en su operación.

Dijo Gurría, quien fuera secretario de Hacienda y presidente de la Asociación de Egresados de la Facultad de Economía de la UNAM, que se lastima la autonomía, porque en muchos casos hay insuficiencia de recursos presupuestales, debilidad jurídica, incluso técnica.

Aunque la ley habla de siete años de gestión para los auditores superiores de los estados, en los hechos está que en cada cambio de gobierno muchos terminan por renunciar antes de cumplir su periodo.

La hostilidad contra ellos es intensa, se les identifica con el gobernador anterior, y se les considera sus subordinados y deshonestos, generalmente sin comprobarlo. Se les presiona de diversas maneras, que van desde la política, pasando por la astringencia presupuestal, nombrar a los segundos hasta que logran bloquear al auditor y éste no tiene más que renunciar. Por supuesto hay algunos muy buenos, que ejercen bien su autonomía.

Es preocupante que no se cumpla con el periodo de gestión para el que fueron electos, y esta es una explicación de porqué tres cuartas partes de estos órganos no ejercen su autonomía.

Tienen razón quienes afirman que fortalecer a las entidades de fiscalización de los congresos locales, así como a la propia ASF, es fundamental para el Sistema Nacional Anticorrupción. Fundamental es la autonomía presupuestal, no basta con la de gestión.

Finalmente, hay una gran incomprensión respecto al trabajo del auditor, incluso de los contralores. He escuchado a gobernadores que se quejan de que el auditor que dejó su antecesor le hizo varias auditorías, aunque ese sea su trabajo para lo cual lo eligió el Congreso local. Entonces los presionan hasta terminan por ceder.

Pocos se defienden. Claro, hay estados donde no sucede lo anterior y son los que van mejor en transparencia y rendición de cuentas.

La estabilidad laboral de los auditores, el servicio profesional de carrera en auditoría gubernamental, son otros medios para tener mejores órganos de fiscalización.

Claro, todo cuesta más, pero el gasto en esta materia es un gasto de inversión, cuyos resultados se medirán en mejores prácticas en la administración pública, en la medida que se reduzcan las observaciones y se mejore paralelamente la calidad de las auditorías. Se estará en el camino buscado.

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