Opinión

La Asamblea del PRI
se opaca

 
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PRI

La Asamblea del PRI fue exitosa para el partido y para el presidente de la República. Si hace pocos meses muchos descontaban al PRI para 2018, hoy recobra oxígeno.

Que haya prevalecido la llamada unidad, que para muchos es sinónimo de sumisión, era una condición necesaria para que el partido sea competitivo el próximo año. Sin embargo, las acusaciones en contra de Emilio Lozoya por presuntos sobornos está opacando rápidamente la celebración del fin de semana.

La remoción de los candados para que un simpatizante pueda ser candidato presidencial es un triunfo político del presidente Peña Nieto, quien podrá designar, sin conflicto interno, al candidato del PRI.

No significa que será –inevitablemente– el secretario de Hacienda, pero es la opción más probable (junto con la del secretario de Salud). Ambas candidaturas son menos vulnerables a los ataques de López Obrador y pueden ser atractivas para un público más amplio.

Sin embargo, de poco sirve un candidato honesto y con credenciales de excelencia académica y profesional si persisten las sombras de corrupción alrededor del gobierno y ahora se suma la sospecha sobre la campaña de 2012.

El PRI podría remontar el tercer lugar que tiene en las encuestas e inmunizarse frente a la bajísima popularidad presidencial, pero requiere vacunarse frente a las acusaciones de corrupción, como aquélla en contra de Lozoya.

Es el PRI el partido más interesado en que este caso y otros pendientes se resuelvan y haya castigo ejemplar. Desde diciembre de 2016 se sabe de las delaciones hechas por directivos de Odebrecht de sobornos  por 10.5 millones de dólares a altos directivos de Pemex.

¿Habrá realizado el gobierno las investigaciones para adelantarse a este golpe mediático que llegaría tarde o temprano? ¿Contarán con la evidencia para desmentir las acusaciones o procederán en contra del exdirector de Pemex en caso de que sea cierta la información?

Que la economía mejore y que la renegociación de NAFTA llegue a buen puerto son acicates a favor del PRI para 2018; no obstante, el mayor estorbo han sido y seguirán siendo los escándalos de corrupción.

Que haya exgobernadores en proceso es apenas un guiño a la población que desconfía; se requieren más procesos penales en los próximos meses para –al menos– generar el beneficio de la duda. Y ahora se suma el caso Odebrecht que requiere atención inmediata para despejar dudas y deslindar responsabilidades, sin lo cual, la sombra del caso estará presente durante las campañas de 2018.

Es obvio que los partidos de oposición presentarán quejas ante el INE y denuncias ante la Fiscalía electoral (Fepade) por indicios de presunto financiamiento ilegal de la campaña del PRI en 2012.

Al margen del desenlace de esa eventual investigación, esta ocurriría justamente durante el periodo de precampañas y podría, eventualmente, prolongarse durante las campañas.

El daño para el PRI podría ser enorme, aun y cuando postule a un candidato ejemplar en lo individual. Aunque en lo fundamental la Asamblea fue un éxito político (rápidamente opacado), hubo algunas pifias.

Destacan dos: la propuesta de gobiernos de coalición y la prohibición para que legisladores plurinominales puedan reelegirse por la misma vía.

Respecto a la primera, la experiencia del Pacto por México muestra que no se requiere gobierno de coalición, sino coaliciones legislativas para gobernar. “La distinción no es menor: una cosa es matrimonio y otra cosa es pago por evento”. Asimismo, los promotores dicen que un gobierno de coalición es factor de gobernabilidad.

Pero en México nunca ha existido ingobernabilidad por esa razón ni tampoco por presidentes minoritarios. Cuando la hay es por la corrupción, la violencia del crimen organizado y la falta de Estado de derecho. (1)

Si nos atenemos a la experiencia de los nombramientos que realiza el Congreso, no es exagerado decir que un gobierno obligatorio de coalición puede significar pasar del gobierno de cuates al gobierno de cuotas.

Hay una dosis de moda, de ingenuidad o de falta de sentido histórico entre quienes promueven una suerte de parlamentarización de nuestro sistema presidencial.

Respecto a la prohibición de que legisladores pluris se reelijan por la misma vía, basta decir que es inconstitucional.

La Constitución otorga el derecho a la reelección sin distinguir entre legisladores de mayoría o de representación proporcional. De tal forma que cualquier militante, mediante un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, podrá lograr que el Tribunal Electoral revoque tal medida que suena más a populismo de asamblea.

O bien, quizás antes de eso el INE declare tal disposición inconstitucional cuando apruebe los nuevos estatutos del PRI en las próximas semanas.

(1) Ver mi artículo 'Mitos y realidades de frentes electorales y de gobierno', Animal Político, 7 agosto 2017.

Twitter: @LCUgalde

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