Opinión

LA ALDEA: Plaza sitiada

12 septiembre 2013 5:55

 
 
El próximo domingo 15 de septiembre el Presidente Peña Nieto habrá de cumplir con el acto protocolario de la ceremonia del Grito de Independencia.
 
 
Si bien se trata de una fecha especial en el calendario cívico, la ceremonia encierra una serie de símbolos representativos de la República y la Nación. La banda presidencial, el pronunciamiento de la fórmula como homenaje a los héroes fundacionales de la Patria, la campana, la guardia de honor de los cadetes,  integran en conjunto una representación simbólica de México. Para los estudiosos de la semiótica (la disciplina que estudia los símbolos en distintos contextos sociales) el evento reviste la conjunción de los elementos que dieron origen al país libre e independiente en su etapa postcolonial.
 
 
Para un gobierno y un presidente que han demostrado especial cuidado y casi obsesión por las formas, los protocolos, la reconstrucción de la imagen presidencial, el evento merece especial atención y estrategia. Todo esto sucedería como parte normal del trabajo en el equipo presidencial. Pero ahora, el evento enfrenta un zócalo ocupado por maestros disidentes de la CNTE.  El secretario de gobernación declaró en Pachuca hace un par de días, que “por supuesto que habrá ceremonia del Grito en el Zócalo”. El dilema consiste en cumplir con el acto ceremonial con protocolo completo, sin provocar un enfrentamiento entre las fuerzas del orden público y los integrantes del plantón y el campamento.
 
 
No es la primera vez que esto sucede en la historia reciente de México. Ya en el sexenio de Vicente Fox, entre el 2003 o el 2004, la plaza ocupada por algún grupo inconforme, amenazaba con impedir la celebración de la ceremonia. Con un Jefe de Gobierno opositor, la posibilidad de mediar algún tipo de negociación para el desalojo “temporal” (15 y 16 de septiembre) parecía inalcanzable. Se logró entonces, y el grupo en cuestión –cuya orientación no recuerdo- “permitió” que el presidente oficiara el rito desde balcón central.
 
 
Hoy las cosas se ven más complicadas. Dos datos agravantes: el domingo pasado negaron “ceder” la plaza central de la república, corazón de la historia, espacio de los festejos y también de los sinsabores del país, ni más ni menos que a Andrés Manuel López Obrador, quien la ha considerado suya y propia desde antes de su gobierno en el año 2000. AMLO se tuvo que detener en avenida Juárez y plantar su protesta contra las reformas en las inmediaciones del hemiciclo al mismo personaje.  Los maestros disidentes, dijeron aquí no, aunque pudiera haber alguna lejana simpatía con sus causas, protestas y mensajes.  Resultaría  ahora increíble que estuvieran dispuestos a desalojarla para el Presidente reformista a quien señalan como el causante de todos los males que los aquejan y amenazan. 
 
 
A lo largo de la semana han organizado dos movilizaciones de considerables proporciones: la primera el lunes en torno al edificio de la SEP en el centro histórico, y la del día de ayer, que desquició el poniente de la ciudad por constituyentes, reforma, observatorio, Polanco y Los Pinos.  No se ve intención alguna de iniciar un proceso de diálogo y negociación, especialmente cuando la respuesta del gobierno después de la irreversible promulgación de las leyes educativas, ha sido que las reformas van hacia adelante y no hay marcha atrás.
 
 
Con todo, se sabe que hay una mesa de negociación que ofrece una serie de concesiones y ofertas de conversaciones, a cambio de que desalojen la plaza para el domingo.  De no ser así, enfrentamos una línea límite, que está programada para el sábado en la madrugada. La plaza es responsabilidad del gobierno capitalino, mientras que la ceremonia es federal. Si no llegan a un acuerdo de retirarse pacíficamente ¿se contempla el uso de la fuerza pública? ¿desalojar la plaza mediante un desplegado conjunto integrado por fuerzas federales y la policía capitalina?
 
 
Hay voces en distintos sectores sociales que claman por la demostración de la fuerza y de hecho citan argumentos irrefutables para la justificación del hecho. Otros llaman a la prudencia, al diálogo y la mesura en las decisiones. Como sea, quedan sólo 48 horas para que esa decisión sea tomada. Cancelar el Grito sería visto como un signo de debilidad del gobierno, como una concesión más a los disidentes. Desalojarlos con tanquetas de agua y granaderos, podría desatar un conflicto de proporciones mayores al mismo campamento y las marchas que sufrimos. No hay salida fácil.
 
 
lkourchenko@elfinanciero.com.mx