Opinión

LA ALDEA: ¡No que muy progresistas!


 
 
Penoso y lamentable el ejercicio parlamentario de los señores diputados del PRI frente a la reforma del Ifai.
 
 
De un plumazo, aparentemente en lo oscurito y por la noche, eliminaron las propuestas y reformas que los Senadores habían incluido en la pieza legislativa. El propósito, dar más facultades, herramientas y capacidad ejecutiva al Ifai para transparentar los actos de gobierno. El espíritu, reducir en lo posible, la opacidad recurrente en gobiernos de todos los colores y partidos.
 
 
El Ifai carece de “dientes”, dicen los abogados, es una entidad cuyas resoluciones se quedan sólo al nivel de la recomendación, la petición, sin capacidad jurídica para exigir a un funcionario revelar información de interés público.
 
 
La reforma a la Ley de Acceso a la Información propuesta y discutida por Senadores de todos los partidos, impulsaba mecanismos para una transparente y pública rendición de cuentas, para que la ciudadanía se acercara con información precisa a la comprensión de los actos de gobierno y, más aún, al conocimiento de los destinos del dinero público, el de usted y el mío.
 
 
Con un acto retrógrada, los priístas en diputados demostraron que no son tan reformistas como pretenden ser vistos, y que se impone ese añejo principio de ocultar información delicada o sensible para la ciudadanía y para cualquier estrategia electoral.
 
 
¿Por qué se deshizo Enrique Peña de Humberto Moreira al frente del PRI? Porque súbitamente, a pesar de su innegable carisma y habilidades políticas, se reveló la multimillonaria deuda en que el Sr. Moreira derrumbó a su estado. Se convirtió en lastre político, que dañaba y perjudicaba la imagen de un candidato en campaña. Con esta reforma aprobada, no tendríamos que esperar a que el gobernador Velasco de Chiapas se pudiera decidir a revelar la gigantesca deuda de 42 mil millones de pesos –según cálculos externos– que le heredó su compadre y antecesor Juan Sabines. Revelar la información de actos y funciones públicas, no es una decisión política –como tal vez pudiera ser la de Arturo Nuñez en Tabasco, en relación con Andrés Granier– ni tampoco una graciosa concesión del titular de un poder, es un derecho ciudadano.
 
 
El político que encubre a otro, que oculta, que desaparece o simula evidencias que señalan uso indebido de funciones, peculado, desviación de fondos y tantos otros delitos incurre sin duda en complicidad, en incuestionable daño moral, pero además resta fortaleza a un proceso de transición democrática. Resulta increíble aceptar el discurso del 'cambio', de 'la transformación de fondo', del 'fortalecimiento de las instituciones' y de 'la profundización de la democracia' cuando se rechaza un proyecto de ley que concreta la transparencia, que obliga a difundir la información pública por encima de las veleidosas voluntades de los funcionarios de todo nivel y responsabilidad.
 
 
Recurrir a los absurdos criterios de 'seguridad del estado o 'daño a la economía nacional' para evadir peticiones de medios y de organizaciones civiles, es un ardid torpe y burdo que sólo evidencia la falta de claridad y transparencia en asuntos públicos.
 
 
Múltiples organizaciones ciudadanas se han manifestado ya en contra del voto y de la argucia de los diputados priístas al eliminar las cláusulas de avanzada en el proyecto, enviando con precisa intención la iniciativa a la 'congeladora' porque al regresar al Senado –Cámara de origen– donde de nueva cuenta será corregida y modificada en sentido contrario a como lo hizo la Cámara de Diputados –Cámara revisora– la iniciativa estará “atorada” en el vericueto legislativo.
 
 
Que luego no se pregunten los diputados porque carecen de credibilidad entre la sociedad, a pesar de sus frecuentes campañas de todo el trabajo y los proyectos que, supuestamente, si aprueban.
 
 
 
lkourchenko@elfinanciero.com.mx