Opinión

LA ALDEA: Lección colombiana


 
La larga, compleja y sin duda sangrienta historia de Colombia y el narcotráfico, ha dejado para la historia no pocas lecciones que vienen muy actuales para el conflicto michoacano y, en general, la continua aparición de guardias ciudadanas en más de 10 estados de la república.
 
 
Desde principios de los años 80, industriales privados, terratenientes y empresarios en distintas regiones de Colombia, invirtieron en la formación de cuerpos de seguridad destinados a proteger sus propiedades, familias y empresas. Guardias civiles, con frecuencia de entrenamiento militar, armados con capacidad, logística e comunicaciones crecieron en Colombia y se convirtieron, al paso de los años, en una fuerza alterna al Estado. Hace treinta años, las guardias se independizaron de sus originales patrones, y se tornaron en fuerzas independientes, paramilitares a sueldo en ocasiones, o con capacidad autónoma para construir acuerdos y negociaciones con criminales -cárteles diversos de la droga- o con la guerrilla colombiana, las FARC y otras agrupaciones.
 
 
Para los años 90, el gobierno colombiano debía combatir y  controlar zonas no solamente bajo el yugo del narcotráfico y la guerrilla, sino de forma creciente, de esos grupos paramilitares que reclamaron para sí el control de territorios completos.
 
 
A principios de la década pasada, en el año 2000, varios funcionarios gubernamentales declararon a este reportero que Colombia se encontraba dividida en tres zonas de control: la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares.
 
La experiencia desesperada de comunidades en Guerrero, Michoacán y otros estados en la conformación de guardias civiles que substituyan la función de las polícias local o estatal, significa no sólo la renuncia ciudadana a la confianza en la responsabilidad del estado. Ante la incapacidad probada de esos cuerpos legales –policías municipales, regionales o estatales- para combatir el crimen y garantizar la seguridad total de los habitantes de cualquier región, la ciudadanía recurre a designar a particulares como responsables de esa protección y seguridad.
 
 
Más allá del significado grave en la desaparición de funciones propias del estado, del desplazamiento de esas funciones a particulares y de la evidente violación de la ley, queda la ruptura del vínculo esencial del Estado y la ciudadanía: garantizar la protección y seguridad, el mantenimiento de la ley.
 
 
Sin embargo la ciudadanía cae en la ilusión desesperada de que sus coterráneos, vecinos y conocidos lo podrán hacer mejor. No solamente porque carecen de entrenamiento, no están apropiadamente equipados, sino porque los guía la pasión y en algunos casos la venganza, en vez de la capacitación profesional de mantener el orden y respetar la ley.
 
 
El riesgo mayor es que estos grupos asuman decisiones, criterios y estrategias como entidades autónomas con capacidad para sentarse –como hoy sucede- a negociar con el gobierno federal, a imponer condiciones, a establecer requisitos. De ahí a su propia agenda hay sólo un minúsculo paso, a que decidan cobrar por los servicios de protección, es decir, exigir las mismas cuotas que el crimen organizado demanda como pago de piso, o derecho de tránsito, estancia, comercio o lo que sea.
 
 
Las guardias comunitarias violan el estado de derecho, pero más aún, están a un paso de convertirse en el mismo tipo de criminales que los narcotraficantes o delincuentes, porque tarde o temprano, exigirán condiciones similares.  
 
 
Colombia demostró a sangre y fuego que las armas civiles paramilitares se transforman en poderes alternos que desafían al orden constitucionalmente establecido y que lanzan sus propias operaciones armadas y buscan sus propias fuentes de financiamiento.
 
 
Tarde ha decidido el gobierno federal poner orden a estas agrupaciones y comunidades, desarmar a los comandos, vigilar y controlar caminos y territorios. Tarde llegaron cuando existe ya un debate legal de si es válido o no reclamar derecho en propia mano.  Pero más vale tarde que nunca.