Opinión

Justicia

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  [AI denunció que el sistema de justicia de Texas ha utilizado la pena de muerte principalmente en contra de las minorías étnicas. /Bloomberg / Archivo] 

Una vez aprobado en el Congreso el sistema anticorrupción, es necesario que ocurra lo mismo con al menos 17 legislaturas locales para que los cambios constitucionales entren en vigor. Cuando eso ocurra, el poder de los gobernadores empezará a decaer, conforme se empieza a vigilar cómo gastan. Para que el sistema funcione, sin embargo, se requiere que la Auditoría Superior de la Federación tenga mucho más recursos (financieros, técnicos, humanos), que los Tribunales de Cuenta Pública se creen, y que la Fiscalía de la Nación y la adjunta en materia de corrupción, se hagan realidad.

Es decir, es apenas el inicio de un proceso que puede llevarnos varios años. Por eso, precisamente, quienes aprobaron este sistema establecieron que los delitos prescriban a los siete años. Tienen la esperanza de que la ley se aplique sobre los bueyes de su compadre, y no sobre ellos mismos. Muchas personas, por eso mismo, creen que se trata de otro engaño más de la clase política.

Me parece que no es un engaño, pero tampoco fue un suicidio, y está bien así. Sin duda sería mejor que pudiéramos castigar los 100 años de corrupción del viejo régimen, empezando por los mismos héroes de la Revolución, y siguiendo por todos los presidentes, sus gabinetes, los gobernadores, legisladores, alcaldes, jueces, burócratas y policías. Pero no se va a poder. Lo que sí se puede hacer es que sea cada vez más difícil saquear al erario, o usar información privilegiada, o mantener lazos clientelares. Jamás desaparecerán por completo, pero claro que pueden reducirse, y la ley aprobada es una herramienta útil para ello. Será un trabajo de varios años, tal vez más de una década, pero ya decidimos enfrentar la corrupción con seriedad.

Ahora hay que entrarle al otro tema que tenemos pendiente, la justicia. Finalmente se entregaron los resultados del estudio acerca de la justicia cotidiana, y habrá que irlos aplicando y perfeccionando. Sin embargo, la semana pasada se presentó un estudio de la UDLA-Puebla que tiene un dato de la mayor importancia. El número de jueces por cada 100 mil habitantes en México es de cuatro, mientras que el promedio en los países analizados es de 17. Tenemos apenas una cuarta parte de los jueces que necesitamos. En esas condiciones, no se puede hablar de justicia expedita, que es la única que existe.

A esa escasez de jueces hay que sumar los alambicados procedimientos que heredamos de una barroca tradición de derecho, que han logrado sobrevivir a los avances tecnológicos subordinando informática y telecomunicaciones al estilo leguleyo de escribiente del siglo XVI que parecen llevar dentro nuestros abogados. El Poder Judicial en México requiere una profunda limpia. Tenemos ahí los mismos vicios que en el resto de nuestra sociedad, como no podía ser diferente. No hay opacidad, sino plena oscuridad; hay corrupción; hay familias que han controlado los tribunales estatales por décadas; y hay ineficiencia y lenidad.

Está muy bien que hayamos tumbado al presidente de su pedestal (desde hace años), y que ahora tengamos herramientas para controlar gobernadores y legisladores. Pero sin hacer lo mismo con el Poder Judicial, todas las soluciones quedarán cortas. Lo mismo en corrupción que en la lucha contra la inseguridad.

La SCJN debería revisar seriamente al poder que encabeza y proponer los mecanismos legales, administrativos y operativos para dejar de ser el gran obstáculo nacional. Podrían, por ejemplo, dejar de dar lecciones de derechos humanos a los demás, y aportar lo que les toca, que es fundamental: verdadera justicia para todos.

Twitter: @macariomx

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