La semana pasada un grupo de ONG mexicanas de derechos humanos y Open Society Justice Initiative presentaron el reporte "Corrupción que Mata". También la semana pasada se presentó, en el marco del magnífico festival Ambulante, el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, de Enrique García Meza. El reporte da cuenta de las atrocidades de lesa humanidad en Coahuila durante 2009 y 2011 perpetrados por Los Zetas, y las imágenes del documental reproducen los crímenes de Iguala en 2014. Ambos son testimonio de la situación desgarradora y podrida de corrupción, crimen e impunidad, producto de la asociación entre autoridades y el narcotráfico.
En lo que va de 2018, en medio de este proceso electoral, ya son 90 los candidatos asesinados. El primer trimestre de 2018 ya apunta a que este año romperá el record de 2017, como el año más violento en nuestra historia, y que la cifra de desaparecidos en el sexenio de Peña Nieto rebasará las 20 mil personas (siete mil más que Calderón).
El documento de Open Society no tiene desperdicio. El contenido es aterrador y describe una cruda y dolorosa realidad que no se circunscribe sólo a Coahuila, e ilustra lo que sucede en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero y otros estados. El país convertido en fosas de crímenes masivos perpetrados por grupos criminales protegidos o asociados con las estructuras de poder local.
La corrupción y la impunidad son de tal magnitud, que gane quien gane la Presidencia el 1 de julio, este será el problema más complejo a resolver. La Fiscalía General de la República y el Sistema Nacional Anticorrupción no serán suficientes, dice Open Society. Como en el caso de Ayotzinapa, el GIEI demostró que la debilidad institucional de México hace imposible que se realicen investigaciones serias y a fondo. ¡México necesita el apoyo de un mecanismo internacional de justicia!