Opinión

Judicializar la reforma fiscal o no, el dilema


 
Esta semana se verá si realmente los organismos cúpula del sector empresarial deciden atacar la reforma fiscal a través de la vía del amparo o si se conformarán con el “diálogo’’ ofrecido por el secretario de Economía.
 
En la agenda está la reunión, el miércoles, entre el presidente Enrique Peña y los socios del Consejo Nacional Agropecuario, que encabeza Benjamín Grayeb, en el que se esperan reclamos por las modificaciones legales que impactarán a los productores agrícolas de todos los tamaños.
 
 
Hasta el momento, está confirmada la asistencia de Peña; pero igual estaba hace dos semanas, cuando la Coparmex celebró su reunión anual en Acapulco y el presidente nomás no llegó “por cuestiones de logística’’.
 
 
Si se judicializa o no la recientemente aprobada reforma fiscal dependerá en buena medida de los acercamientos que se darán esta semana entre los presidentes de los organismo cúpula y algunos secretarios de Estado.
 
 
Aunque, a decir de algunos empresarios, ni caso tendrán las reuniones porque el trancazo ya está dado y porque previo a la aprobación de la reforma también hubo reuniones que sirvieron para muy poco, pues las observaciones del sector privado no fueron tomadas en cuenta.
 
 
Los empresarios pueden patalear, pero también pueden correr la suerte que corrieron los maestros disidentes de la CNTE, que presentaron más de 200 mil amparos en contra de la reforma educativa y todos, todos, fueron rechazados.
 
 
A ver.
 
 
****
 
 
De acuerdo con el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, los impuestos no deben ser considerados como “un atentando contra las personas ni las empresas, sino como auténticas contribuciones indispensables para que el Estado pueda cumplir a cabalidad con sus funciones, tal como sucede en las naciones más desarrolladas’’.
 
 
Los destinatarios están plenamente identificados. ¿O no?
 
 
****
 
 
Esta es una historia de terror, o diga de un programa de “Ripley’’.
 
 
El 29 de octubre pasado, los bancos acreedores del taller de mantenimiento Mexicana MRO, Banorte, Bancomext, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Grupo Aeroportuario del Pacífico, accionistas del 92 por ciento de la empresa, propusieron convertir sus adeudos en acciones a fin de capitalizar al MRO y crear un fideicomiso para apoyar a los trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación.
 
 
Pero, como diría el clásico, el apoderado de Tenedora K, Jorge Gastélum, que posee el 8 por ciento de las acciones de Mexicana, se opuso terminantemente y no sólo eso, sino que pretende que después de capitalizar el MRO, Tenedora K mantenga la operación y se quede con los ingresos como accionista supuestamente mayoritaria.
 
 
La oferta de los principales acreedores se realizó el pasado 29 de octubre ante la jueza rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, para que el taller de mantenimiento Mexicana MRO, que tiene un valor de entre 80 y 120 millones de dólares, continúe con sus operaciones, avaladas por el gobierno mexicano y con la certificación de la FAA de Estados Unidos.
 
 
La pretensión de Tenedora K o “Tenebrosa K’’, según los ex trabajadores de la aerolínea, podría llevar a la pérdida de los empleos de Mexicana MRO –cerca de dos mil 500, únicos conservados desde que Mexicana suspendiera operaciones–, y ocasionaría una crisis en la industria aeronáutica mexicana que además afectaría a las líneas aéreas de Latinoamérica a las que presta sus servicios de mantenimiento.
 
 
La jueza Edith Alarcón citó a los comparecientes a una reunión definitoria el próximo miércoles 6 de noviembre. Ojalá que haya, por fin, una definición a favor de los trabajadores… y que no se olvide la investigación penal en contra de los responsables de esta situación que ha afectado gravemente a la aviación nacional.