Ayer por la mañana, muy temprano, los noticieros televisivos dieron la nota acerca de la discusión que el día anterior se dio en la Cámara de Diputados, en el brevísimo periodo extraordinario tenido por ésta, para conocer el dictamen en torno a la reforma constitucional relativo a la Guardia Nacional. Hasta aquí nada fuera de lo común y esperado, salvo que por un solo día le robó un poco el espacio al tema central en lo que va del año, que como bien sabemos ha sido el desabasto de gasolina en la capital y otras importantes regiones del país, así como su tema siamés que es el llamado huachicoleo.
Nada pues extraordinario, excepto el periodo así llamado de la Cámara de Diputados que se redujo a un día. A mi me llamó la atención que en los noticieros televisivos matutinos, al dar la nota sobre la aprobación de la Guardia Nacional, apareció repetidamente la imagen y voz del diputado que fijó la posición aprobatoria por el grupo priista. Nada menos que Rubén Moreira, gobernador que fue de Coahuila durante seis años, hasta diciembre de 2017.
Como coincidencia, anteayer dediqué algunas horas a leer el Informe de resultados de la revisión a la Cuenta Pública del gobierno del estado de Coahuila correspondiente al año 2017, precisamente el último de Rubén Moreira como gobernador. El referido Informe acaba de ser presentado al Congreso local por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El tomo que ese día revisé incluye los resultados de la auditoría financiera practicada al Poder Ejecutivo, es decir, a las unidades administrativas dependientes directamente del gobernador, o sea, de Moreira.
Entre otras cosas, la ASE informa que el gobernador y su secretario de Finanzas dejaron 80 observaciones "no solventadas por la entidad [la oficina del gobernador] durante el plazo legalmente establecido para tal efecto" (tomo 1D del Informe de la ASE, pág. 11)
Agrega la ASE lo siguiente: "En nuestra opinión, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección Fundamental [de la que adelante haré un apretado resumen] de la opinión desfavorable (adversa) de nuestro informe, los estados adjuntos de la Cuenta Pública 2017 no presentan fielmente (no expresan la imagen fiel de) de la situación financiera de la entidad [el Poder Ejecutivo del estado] al 31 de diciembre de 2017, ni sus resultados, flujos de efectivo y la demás información contable correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos" en la materia por la autoridad facultada para ello (pág. 12) .
Y a continuación la ASE da cuenta de los fundamentos que le sirvieron de base para emitir su opinión adversa: No se encontró la documentación soporte necesaria, faltaron las conciliaciones de las partidas bancarias, no se localizaron los registros y la información relativa a los levantamientos físicos de inventarios (nada menos que por 37 mil 389 millones de pesos), se detectaron numerosos registros contables incorrectos o mal clasificados, se detectaron numerosas omisiones en registros de transacciones, así como incongruencia de la información contable y diferencias no aclaradas en registros contables. En resumen, generalizado desorden y descomunal batidero.
Entre las irregularidades de las que la ASE da cuenta están: En la cuenta de Aportaciones a los municipios se reporta que se les entregaron 2 mil 905 millones de pesos y éstos sólo recibieron 2 mil 161 millones, por lo que andan "bailando" 744 millones de pesos.
En materia de retribución de servicios personales se pagaron en exceso 1 mil 582 millones, en clara violación a lo que dispone el art. 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades. Y con respecto a los ingresos registrados, se incurrió en un déficit no solamente no autorizado sino ni siquiera justificado por 2 mil 327 millones de pesos.
Todo un símbolo pues que Rubén Moreira, quien debiera estar en la cárcel o escondido, haya sido el orador que fijó la posición del PRI en el trascendente tema de la Guardia Nacional.