Con el significativo título de Amarres Perros, hace algunos años el politólogo y secretario de Relaciones Exteriores en los primeros años del gobierno de Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, publicó en voluminoso tomo su autobiografía. Trae amplia e interesante información, en particular de los acontecimientos políticos en los que le tocó ser actor o testigo de primera fila.
Recuerdo un par de episodios que en el mismo narra Castañeda y me llamaron mucho la atención. Ambos se refieren al mismo asunto, aunque ocurrieron más o menos con un poco más de un año de diferencia. El tema fue cómo dar inicio y culminar exitosamente los casos penales en contra de conocidos personajes de la política mexicana, que vía la corrupción han saqueado alguno al país.
Entre julio y noviembre del año 2000, antes de la toma de posesión de Fox como presidente, el tema se planteó en una reunión que un pequeño grupo sostuvo con él en su rancho San Cristóbal. Castañeda da cuenta que se discutió ampliamente su propuesta de seleccionar al azar a un pequeño pero significativo grupo de grandes corruptos, ante la imposibilidad de emprenderla contra todos, por su elevado número.
El tema fue objeto, afirma, de amplia discusión, pero con la opinión contraria de uno de los presentes, por lo que no se concluyó en algo específico.
Si tengo presente bien, escribe Castañeda que, en reunión celebrada en su casa de San Ángel, en la Ciudad de México, en septiembre de 2001, se tocó de nuevo el tema. Sólo que en esta ocasión fue el propio Fox quien descartó seguir adelante, "Y yo no soy Dios –palabras más, palabras menos, habría dicho Fox– para decidir sobre quiénes habrá de caer la justicia". Y ahí acabó todo.
Lo anterior viene a cuento por el rumbo que en el actual proceso electoral están tomando las cosas. Con torpeza increíble, el priismo ha puesto en juego una deleznable estrategia, utilizado a su antojo las instituciones del Estado para tratar de descarrilar la campaña de Ricardo Anaya.
Salvo que algo extraordinario ocurra, es un hecho que el PRI perderá la elección presidencial. Cuando entonces sí, en el nuevo gobierno, que contará con una Fiscalía Anticorrupción independiente, se inicien los procesos para castigar la corrupción, en respuesta al generalizado clamor de la sociedad, se desatará seguramente una campaña para denunciar persecución política, cacería de brujas, justicia selectiva y demás expresiones. El problema del año próximo, como en 2001, consistirá en establecer dónde y con quiénes comenzar. Menudo problema.